La reunión que mantuvieron ayer los responsables de El Quiteriano (Magdalenas Heras), representantes del Ayuntamiento de Monzón, del comité de empresa y miembros sindicales de CCOO y UGT con el consejero de Industria del Gobierno aragonés, Arturo Aliaga, despejó, en buena medida, el conflicto industrial mantenido desde hace varias semanas en el municipio oscense.

Tras más de cuatro horas de reunión, las partes llegaron a un acuerdo que calificaron de "positivo", por el cual la compañía se ha comprometido, por escrito, a cumplir la legislación que le sea aplicable en lo relativo a su actividad industrial. Por su parte, el ayuntamiento no ejecutará el decreto de cierre que pesaba sobre la planta.

Además, este acuerdo también descarta la posibilidad de que la empresa presente un expediente de extinción de contratos para toda la plantilla, una amenaza que hubiera supuesto la pérdida de empleo para los trabajadores de la fábrica (160 personas).

De esta forma se abre una "tregua", tal y como lo calificó el abogado de la empresa, Jorge Vilarrubí, que ha sido posible gracias al "tono de consenso en la búsqueda de solución", precisó Arturo Aliaga.

NORMALIZAR LA SITUACION Pese a ello, el consejero, que indició en la necesidad de no perder empleos, destacó que "habrá que hacer los deberes en el futuro". Al respecto, desde el Ayuntamiento de Monzón subrayan que "las intenciones de la empresa deben traducirse en hechos que prueben la buena voluntad de El Quiteriano, lo que daría paso a la deseable normalización de la situación".

Sin embargo, de momento no se han establecido plazos para el cumplimiento de estos requisitos por parte de la empresa, que pasan por, principalmente por "justificar el nivel de ruidos de la fábrica dentro de los límites legales", según destacó Vilarrubí. Además, también deberá retirar los contenciosos relativos a la parcela que debe urbanizar como zona verde.

En este sentido, Villarubí comentó que "se realizarán las modificaciones pertinentes en el menor plazo posible", aunque apostilló que "existen cuestiones que no dependen de nosotros ni del ayuntamiento, puesto que todavía pesa una suspensión de pagos y debemos contar con la autorización del juzgado". Sin embargo, el abogado de la compañía dejó claro que el objetivo era "asegurarnos la continuidad de la actividad", puesto que "si hubiéramos cerrado 10 días, tendríamos que haberlo hecho definitivamente, ya que nos hubieran penalizado las empresas con las que tenemos firmados contratos de suministro.

En cualquier caso, y a la espera del inicio de las actuaciones, no se descartan nuevas reuniones para analizar la marcha del proceso.