El grupo cooperativo Arento comienza a reconducir su situación financiera tras la aprobación, el pasado 18 de enero, de una ampliación de capital de cuatro millones de euros, una medida que contó con el respaldo del 80% de la asamblea general. Esta cantidad, que será aportada por sus socios a lo largo de los próximos meses, es la base sobre la que descansa un nuevo proyecto que también podría contar con el apoyo del Gobierno de Aragón a través de un aval de unos 10 millones de euros. Según ha podido saber este diario, el Ejecutivo de Javier Lambán ya ha remitido al Ministerio de Hacienda la solicitud --tal y como se establece en la ley de Estabilidad Presupuestaria-- y espera la autorización definitiva del departamento dirigido por Cristóbal Montoro.
El aval es la respuesta del Ejecutivo aragonés a la complicada situación que atraviesa una sociedad clave para el desarrollo del sector agroalimentario y del mundo rural de la comunidad, pues engloba a 88 cooperativas y alrededor de 20.000 socios. El grupo arrastra un pasivo no corriente (deuda a largo plazo) que supera los 11 millones de euros -10,8 millones con entidades financieras-, pero su pasivo corriente (circulante y deudas con vencimiento inferior a un año) excede los 53 millones -21 millones con entidades de crédito y 31 millones con proveedores y otros acreedores-, según las últimas cuentas publicadas por la empresa correpondientes al ejercicio 2016.
El aval de la DGA es, por tanto, la garantía que solicitaron las entidades acreedoras (Bantierra, Cajamar y Caja Rural de Teruel, entre otras) antes de acometer el proyecto de refinanciación de la deuda de Arento. En caso de que la sociedad no pueda hacer frente a estos compromisos financieros con la banca, sería el Gobierno de Aragón quien lo hiciera a través de este aval.
No obstante, esta garantía exige unos trámites, aunque está previsto que la operación pueda cerrarse antes del próximo mes de abril, puesto que se ha establecido un plazo aproximado de tres meses desde que se acometió la reestructuración financiera y orgánica de Arento, a comienzos del 2018.
El último aval de características similares aprobado por el Gobierno de Aragón tuvo como destino la Feria de Zaragoza, por un importe de 3,33 millones de euros, un tercio del actual. Este apoyo de la DGA, que se aprobó a finales de octubre del 2016, fue autorizado por el Ministerio de Hacienda en septiembre de ese año. De esta forma, el Ejecutivo aragonés dio su respaldo a la operación de crédito de 5,3 millones de euros suscrita por la institución ferial.
NORMALIDAD / Al margen de este asunto, la «absoluta normalidad» es la tónica habitual en el grupo cooperativo apenas tres semanas después del cambio de rumbo emprendido por la sociedad, según apuntaron a este diario fuentes de la sociedad. A su nuevo presidente, Enrique Arzéiz, se sumará en las proximas semanas un director general que sustituirá a Luis Navarro. De momento, y hasta que concluya el proceso de selección que se ha puesto en marcha, se ha hecho cargo de estas funciones el actual director financiero de Arento, Alfonso Marco. La elección del nuevo gerente podría demorarse uno o dos meses.
HASTA FINAL DE AÑO / Mientras, la decisión adoptada por la asamblea de Arento va llegando a cada una de las cooperativas socias. Algunas de ellas ya han celebrado su propia asamblea para decidir si se suman al nuevo proyecto, así como a la ampliación de capital. Fuentes del sector consultadas por este diario, subrayan que «la mayor parte está respaldando el proyecto», por lo que se espera que antes del 18 de febrero, tan solo un mes después de la aprobación del nuevo plan de Arento, se conozca quiénes son los socios definitivos del grupo.
