El Gobierno concederá a los jóvenes menores de 35 años ayudas de hasta 240 euros al mes durante dos años para pagar el alquiler de la vivienda, mientras que los propietarios de casas que necesiten rehabilitarlas para arrendarlas recibirán hasta 6.000 euros. Estas son algunas de las medidas que figuran en el plan de choque aprobado ayer por el Consejo de Ministros, cuyos reglamentos serán estudiados y aprobados el viernes.

La ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, precisó que los objetivos básicos del plan del Gobierno son aumentar el volumen de viviendas protegidas, estimular el alquiler y frenar la especulación del suelo. En ese sentido, anunció que este año se incrementará en un 65% el número de viviendas protegidas previsto (109.488) con la construcción de 71.000 nuevas casas. Este esfuerzo para llegar a los 180.488 pisos supondrá para las arcas públicas un desembolso adicional de 1.031 millones de euros, lo que supone un incremento del presupuesto del 32%.

CAPACIDAD ECONOMICA En cuanto a las ayudas a los inquilinos, tendrán derecho a ellas las familias con unos ingresos máximos de 15.792 euros (2,62 millones de pesetas). La cuantía de las ayudas no podrá sobrepasar el 40% de la renta anual, con un límite en todo caso de 2.880 euros. En el supuesto de los propietarios que hagan obras para adaptar su vivienda al alquiler, percibirán hasta 6.000 euros siempre que las arrienden durante un mínimo de cinco años y por una renta que no supere el 7% del valor de la casa. La superficie de ésta no podrá sobrepasar los 120 metros cuadrados útiles. La ayuda incluye además una cantidad para suscribir un seguro que cubra los impagos y los desperfectos no ordinarios.

Como explicó la ministra, el objetivo de esta medida es "facilitar que se saque al mercado del alquiler" una parte importante de los tres millones de viviendas que permanecen vacías en España. Con este fin, se creará una comisión de expertos en arrendamiento que se encargará de proponer las reformas legales necesarias para "ofrecer a los propietarios mayor seguridad jurídica y garantizarles el cobro y el mantenimiento de sus inmuebles".

Dentro de esta política de "potenciar la cultura del alquiler", Trujillo precisó que el 52% de las nuevas viviendas protegidas irán destinadas al arrendamiento y el 48% restante a la compra en propiedad. También se recoge la promoción de pisos de protección oficial con un IVA del 4%.

El plan impone a los promotores la obligación de reservar en los nuevos proyectos residenciales al menos un 25% del suelo para vivienda protegida, sin perjuicio de que ese porcentaje pueda ser incrementado por las leyes urbanísticas. Para compensar esta medida, el Ejecutivo elevará el precio máximo de los pisos de protección oficial --especialmente en los municipios más caros-- para que los promotores tengan mayor margen de beneficio a la hora de construirlos.

También se creará una comisión interministerial que trabajará para destinar bolsas de suelo público a la promoción de viviendas de régimen especial, de modo que "ponga en valor los terrenos del Estado". En esta comisión, que estará presidida por Trujillo, participarán los ministerios de Economía y Hacienda, Fomento, Defensa e Interior.

Otro de los puntos del plan es la eliminación de la subasta como procedimiento normal para adjudicar suelo público y su sustitución por el sistema de concurso, que primará siempre que se trate de terrenos destinados a vivienda.