La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer la «suspensión» del impuesto a la generación eléctrica (pasará del 7% a «prácticamente 0%») para rebajar la tarifa eléctrica, disparada en lo que va de año. Ello supondrá, dijo, una rebaja de entre el 2,5% y el 4% en el recibo de los consumidores domésticos y del 5%-5,5% para los industriales. Además, adelantó que rebajará el precio de la calefacción a los hogares más pobres y cambiará el bono social eléctrico (rebaja de hasta el 100% en la factura para las familias más vulnerables) para evitar que pierda más de la mitad de sus beneficiarios a causa de la reforma del Gobierno de Rajoy del 2017.
El anterior Ejecutivo creó el impuesto en el 2012 para acabar con el déficit que acumulaba el sistema eléctrico (20.000 millones de euros). El PP, precisamente, propuso esta semana la suspensión de dicho tributo con el argumento de que su recaudación (unos 1.700 millones) se puede compensar con el incremento de los impuestos que pagan las eléctricas por los derechos de emisión de CO2, cuyos precios se han disparado (podrían aportar 1.500 millones, según sus estimaciones). La ministra, eso sí, aclaró que el tributo no se elimina y dejó la puerta abierta a volver a subirlo en el marco de la «futura reforma fiscal» del sector.
Ribera también hizo hincapié en la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unas 4,6 millones de familias. Así, explicó que ampliará el vigente bono social eléctrico para incluir a más personas mayores y familias «monomarentales» con rentas bajas, así como para simplificar los trámites y promocionar su existencia. Además, creará el bono social para la calefacción, que tendrá unos beneficios similares al eléctrico aunque con unas condiciones distintas según las características de la vivienda.
Cuando la regulación del bono social cambió en el 2017, unas 2,44 millones de familias recibían la ayuda. Las eléctricas estiman que el 8 de octubre, cuando finalizaba el plazo para apuntarse al sistema que Ribera va a cambiar, los perceptores iban a caer a entre 1 y 1,1 millones, lejos de los 2,5 millones de hogares que calculaba el anterior Ejecutivo. Y eso que su cifra ya partía de la asunción de que solo el 45% de los 5,5 millones de potenciales beneficiarios lo pediría.
PLAN DE CHOQUE
Las medidas se incluyen en un «plan de choque» contra el encarecimiento de la electricidad. El precio mayorista se ha disparado hasta los 71,35 euros por megavatio hora (MWh) de media en septiembre, cerca del máximo histórico mensual (73,5 euros en el 2015).
Generar la energía es más caro por la subida del petróleo (de 44 dólares por barril en el 2016 a 72 dólares), que arrastra al resto de fuentes fósiles; el encarecimiento del carbón (de 56 a 76 euros por tonelada) por la mayor demanda de China; y la escalada del precio de los derechos de emisión de CO2 (de 5 a 25 euros por tonelada), que las centrales contaminantes deben comprar para operar. Pero la ministra aseguró que también se debe a los «parches» de los últimos años y al «retraso» de España en tomar medidas para solucionar los errores del mercado y del sistema de fijación de precios. El IVA, admitió, es más difícil de bajar porque es competencia europea.
Otra medida inmediata anunciada por Ribera es la confirmación de su ya anunciada intención de eliminar el llamado impuesto al sol que grava el autoconsumo, como se había comprometido a hacer antes de que acabara el año y en línea con la proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, ERC, PNV y el grupo Mixto que, entre otras cosas, exime a las plantas de pequeña potencia de la inscripción en el registro e incluye medidas de simplificación administrativa para pequeñas instalaciones.
Además, pretende mejorar la colaboración con los servicios sociales de la Seguridad Social y de los municipios para evitar los cortes de la luz y la aprobación de una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética en los próximos seis meses. El Gobierno va a facilitar que los consumidores domésticos (26 millones, de los que 11 tienen contratado el precio regulado PVPC) puedan contratar una potencia más baja y ajustada al máximo que consumen. Asimismo, va a obligar a las eléctricas a informar a sus clientes de cuánto hubieran pagado si tuvieran contratado una tarifa con discriminación horaria.
El Ejecutivo también tiene la intención de desplazar parte de la contratación en el mercado mayorista a acuerdos bilaterales a largo plazo de fuentes renovables, así como mejorar los criterios de eficiencia energética en el alumbrado público.
