La idea de que España pueda salir este mismo año del deshonroso procedimiento europeo de déficit excesivo, del que ya han salido Grecia y Portugal, empieza a tomar cuerpo en el Gobierno de Mariano Rajoy.
Las estadísticas publicadas ayer -que revisan al alza el crecimiento de la economía española en los dos últimos años y muestran una fuerte reducción del déficit público del 20% en el primer semestre del 2017- alimentan la esperanza de que España pueda reducir su déficit público al 3% del PIB al final de este año (una décima por debajo del objetivo inicial del 3,1%) y poder dejar atrás así la estricta vigilancia de sus cuentas, tal como ya hicieron en mayo y en julio Portugal y Grecia, los otros dos países mediterráneos que fueron rescatados por la UE.
Para algunos miembros del equipo económico del Gobierno, adelantar un año la salida del procedimiento de déficit excesivo (prevista para el 2018) sería «un gran logro político para Mariano Rajoy». En la práctica implicaría que el Gobierno del PP dejaría de tener las manos atadas para, por ejemplo, acometer la nueva rebaja integral del IRPF que prometió Rajoy antes de las próximas elecciones.
Salir del procedimiento de déficit excesivo daría al Ejecutivo «más margen de política fiscal», avanzó el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso el 27 de julio, cuando apuntó por primera vez la posibilidad de que España pudiera salir este mismo año del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad.
En la actualidad, sólo quedan tres países sometidos a la tutela comunitaria, frente a los 24 del 2011. España, Francia y Reino Unido siguen bajo la vigilancia del procedimiento de déficit excesivo y de los funcionarios de la Comisión Europea (hombres de negro) que controlan las cuentas.
Estar bajo el procedimiento de déficit excesivo implica estar sometido al llamado «brazo correctivo» del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea, que se activa cuando el déficit público sobrepasa el 3% del PIB. El desfase de las cuentas públicas españolas llevan por encima del 3% del PIB desde el 2008 y alcanzó un máximo del 11% en el 2009. Cuando un país se encuentra bajo este procedimiento, la UE le impone unos objetivos anuales de déficit y vigila su cumplimiento bajo amenaza de poder llegar a aplicar una multa de hasta el 0,2% del PIB. España estuvo al borde de este precipicio entre abril y julio del 2016, antes de lograr el indulto de las autoridades europeas a cambio de un drástico ajuste del gasto y una subida del impuesto de sociedades en la segunda mitad del 2016.
España seguiría bajo la disciplina del llamado «brazo preventivo» al que están sometidos la práctica totalidad de los países, por sus elevados niveles de deuda pública. La diferencia es que desaparecerían los objetivos anuales de déficit y serían sustituidos por un objetivo a medio plazo que, en el caso de España es el equilibrio estructural de las cuentas (déficit cero con ligeras desviaciones al alza o a la baja en función del crecimiento económico).
«Salir del brazo correctivo permite un mayor grado de libertad desde el punto de vista de la política presupuestaria», explicó Guindos. Fuera de esta disciplina, España ya no se vería forzada a bajar el déficit al 2,2% del PIB en el 2018, ni al 1,3% en el 2019.
CONFIANZA EN EL GOBIERNO
De momento, el Gobierno confía en cumplir la meta del 2017. «Nadie duda de que España va a cumplir el objetivo de déficit del 3,1% del PIB este año», ha afirmado en repetidas ocasiones el ministro Cristóbal Montoro. A partir de ahí, situarlo una sola décima por debajo, en el 3% resulta algo más fácil tras conocer las estadísticas publicadas ayer que han elevado el nivel del PIB del 2016 a 1.118.522 millones el año pasado (casi 5.000 millones más que la estimación anterior).
