La gran mayoría de los interinos de las administraciones públicas, especialmente de la enseñanza y de la sanidad, pasarán a ser fijos tras superar el obligado concurso oposición en los próximos tres años. Este será el resultado de la oferta de empleo público, la más importante desde la crisis, que figurará en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2017, que aprobará el Consejo de Ministros el próximo día 31.

Esta oferta de empleo ha sido pactada entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos representativos (CSIF, CCOO y UGT) durante una reunión celebrada ayer, con el objetivo de reducir la alta tasa de interinidad en las administraciones. El Ejecutivo hace frente así a la cascada de sentencias condenatorias por las indemnizaciones por despido de interinos, entre otras, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado noviembre. La regularización no supondrá aumento del gasto y se podrá cumplir con los objetivos de déficit marcados por Bruselas.

El primero paso para consolidar este empleo será la convocatoria de oposiciones. El Gobierno habilitará a las comunidades autónomas para realizar estos exámenes, de momento, solo para los enseñantes, mediante un decreto ley que aprobará también el próximo día 31. Tanto las autonomías como los sindicatos habían advertido a Hacienda sobre la urgencia de esta convocatoria para que los profesores estén en sus puestos fijos al inicio del próximo curso. Habitualmente la oferta de empleo público figura en los Presupuestos del Estado anuales, pero el retraso que llevan los del 2017 (es probable que hasta junio o julio no los aprueben las Cortes) obligaba a adelantar el proceso.

El número exacto de empleados públicos afectados, también de los ayuntamientos, no se conoce ya que no hay un registro centralizado. Tanto Hacienda como las centrales bajaran la cifra de entre 280.000 y 300.000 trabajadores interinos en la actualidad. La regularización afectaría a unos 260.000 repartidos a partes más o menos iguales entre enseñanza y sanidad. El proceso para lograr la fijeza durará tres años.

Concretamente en enseñanza, la tasa de interinidad es del 20%, según ha reconocido Íñigo Méndez Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación. Su voluntad es reducirla a 8% en tres años. Además, se han perdido empleos ya que en los últimos años de crisis y debido a los recortes por el déficit, se han amortizado las plazas de los que se han jubilado en estos años.

ANTIGüEDAD Y EXPERIENCIA / Las comunidades tendrán en cuenta la antigüedad y experiencia del empleado que opte a la plaza, de forma que la mayoría de los actuales interinos podrán obtener una plaza definitiva, según fuentes sindicales. En todo caso, la oferta de empleo público no solo busca esta regularización sino que también está abierta al público en general.

La voluntad del Gobierno, según expuso en la reunión de ayer, es reducir de esta forma al menos el 90% de la temporalidad, mientras que el 10% restante se cubrirá con nuevos empleados que pasarán a ocupar las plazas de los que se jubilen en el próximo trienio. «A nadie se le regala la plaza; hay que presentarse a la oposición», aclararon fuentes sindicales.

Los tres sindicatos más importantes del sector público han aplaudido la decisión del Gobierno, pero la consideran «insuficiente» en el marco de la negociación colectiva porque quedan por recuperar los salarios perdidos. José Luis Rodríguez Zapatero los recortó el 5%, en el 2010 y los congeló en el 2011, política que ha continuado Mariano Rajoy hasta el año pasado cuando los incrementó el 1%. Hacienda ha hecho saber a las centrales que no prevé un incremento superior al del 2016. No obstante, habrá que esperar a la reunión previa a la aprobación del proyecto de Presupuestos.