El Consejo de Ministros avanza en su objetivo de abaratar la luz de las grandes empresas consumidoras de energía, la denominada industria electrointensiva. El Gobierno ha dado luz verde este viernes al paso previo para posteriormente aprobar la norma 'adhoc' (Estatuto de la Industria Electrointensiva) al crear un fondo de hasta 200 millones de euros anuales durante un periodo de tres años millones de euros para asegurar contratos de compra venta de energía entre generadores renovables y empresas industriales.

"Su creación va a constituir un factor relevante de localización industrial y competitividad en nuestro país", ha anunciado este viernes la ministra portavoz, María Jesús Montero, después de que la aprobación de este fondo de reserva se cayese el pasado martes de la reunión habitual de ministros. Reyes Maroto anunció el lunes que se pondría en marcha al día siguiente para a posteori aprobar el Estatuto de la Industria Electrointensiva.

El objetivo de este fondo es ayudar a mejorar la competitividad de la industria electrointensiva que lleva años quejándose de los altos costes energéticos de España que lastran su actividad. Y que han provocado en algún caso la deslocalización de grandes multinacionales como Alcoa o Vestas que, entre los motivos del cierre de sus plantas, establecieron las diferencias de precios de la energía de España respecto a Francia o Alemania. Así, el Gobierno avalará a las empresas que firmen PPAs (acuerdos de compra venta de energía) directamente a productores de plantas fotovoltaicas y eólicas.

Un mecanismo con el que se establece un precio fijo durante un tiempo más o menos largo (al menos 5 años), lo que permite al consumidor tener un precio más barato y estable que el que se podría encontrar en el mercado -en situaciones normales-- y además puede predecir costes. Según las previsiones del Ejecutivo, este tipo de contratos supondría una rebaja media en el recibo eléctrico de la gran industria de 6 euros el megavatio-hora.

Esta fórmula sirve para abaratar la factura de la luz de las grandes industrias, pero al mismo tiempo que impulsa la generación de energía renovable ante el aluvión de instalaciones previstas en la próxima década, pues el borrador del Estatuto (a falta de su versión definitiva) obliga a la industria a que un 10% de su consumo anual provenga de este tipo de contratos para poder beneficiarse de otras ayudas incluidas en el texto, como la compensación de hasta el 85% de los cargos que forman parte del recibo de la luz.