El Gobierno se autoconcede más tiempo para tratar de recuperar la mayor parte posible de los 24.069 millones de euros inyectados en el grupo BFA-Bankia. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nueva ampliación de dos años en el plazo máximo previsto para la privatización del 16,11% que poseerá a partir de dentro de unas semanas de la nueva CaixaBank posintegración del banco nacionalizado (del que controla un 61,8%), hasta finales de diciembre de 2023.

Se trata de la tercer prolongación de dicho tope temporal. Tras el acuerdo firmado con la Unión Europea en el 2012 para el rescate del sector financiero, el Gobierno de Rajoy fijó como fecha para la privatización finales de 2017. La persistente baja valoración en bolsa del banco debido al impacto de los tipos de interés negativos del Banco Central Europeo (BCE) obligaron a retrasarla en 2016 y 2018 para evitar la pérdida de la mayor parte de las ayudas.

Recuperación quimérica

Lo cierto es que la recuperación de todo el dinero público inyectado al grupo es prácticamente una quimera, como reconocen veladamente autoridades y gestores. El Estado solo ha ingresado por el momento 346 millones por aquel rescate, lo que equivale a un 1,4% de las ayudas aportadas. Bankia ha devuelto otros 3.303 millones, pero esos fondos nunca han llegado a las arcas públicas porque han servido para cubrir las abultadas pérdidas acumuladas por su matriz BFA desde 2015 a causa del desplome en bolsa de su participada.

El Gobierno ha defendido que la fusión con CaixaBank le permitirá aumentar el porcentaje de ayudas que podrá recuperar. Sin embargo, la integración provocará pérdidas millonarias al Estado en un primer momento, según reconocieron fuentes de la administración a EL PERIÓDICO hace unos meses. Además, la revalorización de su participación que prevé el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) solo incrementará el importe considerado recuperable de las ayudas a efectos contables hasta los en torno a 4.150 millones de euros, apenas un 17% de lo inyectado al grupo, según adelantó también este diario.

Años en CaixaBank

Así las cosas, al Gobierno le interesa ganar tiempo para reducir la previsible factura final para las arcas públicas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya dejó claro a principios de diciembre que el Estado seguirá todavía "años" en el capital de la nueva CaixaBank. "Tenemos que reevaluar el plan de desinversión en función de las nuevas circunstancias y oportunidades para tomar las decisiones oportunas en los próximos meses y años", aseguró en el Congreso de los Diputados.

De momento el Estado, a través de BFA, solo ha vendido el 7,5% de las acciones de Bankia en el 2014 por 1.304 millones de euros con 487 millones de plusvalías (beneficio logrado por obtener un precio de venta superior al valor al que tenía contabilizados los títulos) y otro 7% en el 2017 por 818 millones con 34 millones de plusvalías. La fusión abre la puerta a realizar desinversiones graduales en el mercado mediante ventas diarias equivalentes a un pequeño porcentaje del volumen negociado en la jornada ('dribble-out', como hizo el Reino Unido con Lloyds) gracias a la mayor liquidez de la acción y el menor peso relativo del paquete de acciones a vender (el Estado tendrá un 16,1%, frente al 61,8% que tiene de Bankia).