El Ministerio de Educación comunicará al de Hacienda los gastos que asuma por la escolarización privada en castellano de alumnos de territorios con lengua cooficial para que el Gobierno los pueda "deducir o retener" de la financiación autonómica que corresponda a la comunidad en cuestión.
El Gobierno repercutirá así a la autonomía afectada (que sería esencialmente Cataluña) ese coste en el caso de los alumnos que deseen enseñanza en castellano como lengua vehicular en centros públicos o concertados, pero tengan que recurrir a privados para recibirla porque la administración autonómica no atienda tal demanda.
Educación reintegrará a las familias, en liquidaciones "mensuales", los costes de la escolarización privada de las enseñanzas obligatorias cuando no haya oferta "razonable" en centros públicos o concertados y así sea reconocido por el Ministerio, ya desde el curso próximo, según el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
Los gastos que se compensan son la matriculación, la escolarización, los servicios complementarios de transporte, comedor e internado y aquellos otros imprescindibles para continuar las enseñanzas, con un límite de 6.057 euros al año, como coste medio de una plaza escolar pública no universitaria.
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Cataluña, Francesc Homs, ha avanzado hoy que la Generalitat recurriría esta regulación porque es "absolutamente ilegal".
En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha denunciado que se trata de un "un abuso de poder" del Ejecutivo central para "confiscar la autonomía" y "plantar la semilla de la discordia y de la división" en Cataluña con una medida que cuestiona el sistema de inmersión lingüística.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha rechazado las acusaciones y ha replicado que el Gobierno está "muy tranquilo" porque el decreto se ha aprobado "al amparo" de la Constitución.
En modo alguno, ha querido subrayar, se está intentando establecer un modelo de utilización del castellano como lengua vehicular "exclusiva" en aquellas comunidades con lengua cooficial, sino facilitar el derecho a recibir la enseñanza también en español.
El decreto desarrolla los procedimientos administrativos de esta cuestión, prevista por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), a la vista de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el derecho también a recibir la enseñanza en castellano, según el Gobierno.
"El objetivo es garantizar el derecho del alumnado a recibir la enseñanza en castellano y en todas las lenguas cooficiales, y lo que se hace es simplemente un desarrollo reglamentario de una previsión legal para dar un mecanismo para garantizar el reembolso de esos costes", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El mecanismo "subsidiario" únicamente se activaría si la administración educativa autonómica "incumpliese el deber constitucional" de garantizar la presencia de ambas lenguas cooficiales como vehiculares, argumenta el Gobierno.
Si la comunidad no garantizase una oferta docente "razonable" sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea lengua vehicular, el Ministerio de Educación asumirá íntegramente, "por cuenta de la administración educativa correspondiente", los gastos de escolarización en centros privados y se los repercutirá a la misma.
Corresponderá al Ministerio comprobar que esta situación existe a través de un procedimiento iniciado "a instancia del interesado", es decir de las familias de los alumnos.
El período que se compensa abarca desde el inicio del curso en que se reconozca la compensación hasta que termine la educación obligatoria.
El procedimiento será instruido por la Alta Inspección de Educación y en él deberá darse audiencia a la administración autonómica en cuestión.
La obligación financiera del Ministerio de Educación tendrá carácter "excepcional" y se extinguirá con la adopción por la administración autonómica correspondiente de medidas adecuadas para garantizar "los derechos lingüísticos individuales del alumnado".
Wert ha explicado que el decreto recoge las observaciones del Consejo de Estado de eliminar "cualesquiera presunciones" sobre lo que será el carácter "razonable" de la oferta de enseñanza en castellano con fondos públicos, de forma que se fijen solo criterios objetivos de evaluación de los casos; y establecer un límite de compensación por alumno.
