El Consejo de Ministros ha dado un paso más en el objetivo del Gobierno de acelerar la transición energética al aprobar la Estratega de Almacenamiento Energético, un marco no vinculante que establece los pasos a seguir para impulsar el desarrollo de esta tecnología.

Los sistemas de almacenamiento son claves para garantizar la transición a una economía neutra en emisiones y la efectiva integración de las renovables en el sistema eléctrico, pues permiten guardar la energía en los momentos en que hay excedente para poder utilizarla cuando es necesaria, es decir, cuando no sopla viento y no hay sol o cuando la demanda es muy elevada.

Por ejemplo, una alta capacidad de almacenamiento podría evitar situaciones como la vivida hace unas semanas, cuando se produjeron grandes picos en el precio mayorista de la electricidad que alcanzó los 94,99 euros el megavatio-hora del 8 de enero, el precio más alto registrado en los últimos seis años. "Podremos utilizar la energía usando los excedentes de producción donde hay mucho sol o mucho viento en aquellos momentos en los que hay poco sol, poco viento", ha resumido la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en un comunicado.

Entre las grandes cifras, el plan contempla disponer de una capacidad de almacenamiento de unos 20.000 megavatios en el año 2030, contando con los 8.300 megavatios de almacenamiento disponible en la actualidad, y de unos 30.000 megavatios en 2050, considerando tanto almacenamiento a gran escala como distribuido (pequeñas instalaciones de generación). "Tendremos que buscar el mejor modo de integrar esta capacidad en el sistema, tanto a nivel técnico como facilitando el despliegue, gracias a la regulación, de esta tecnología", ha señalado Ribera.

Al tratarse de una tecnología nueva, la regulación sobre almacenamiento de energía es una de las grandes tareas por hacer del Ejecutivo. Por un lado, en el caso del almacenamiento a gran escala para determinar quién debe llevarlo a cabo, si un inversor privado o el gestor del sistema eléctrico, en este caso, Red Eléctrica. La directiva europea establece la libertad del mercado. En el caso del almacenamiento distribuido, los 'fotovoltaicos' se quejan de que existe una doble imposición a resolver con el impuesto del 7% a la generación eléctrica que se paga cuando se produce la electricidad y cuando se consume esa electricidad que proviene de la batería.

Si bien es cierto, el Gobierno dio sus primeros pasos para regular esta figura a finales de junio del año pasado al introducir por primera vez una definición del "titular de la instalación" como un sujeto en sí mismo, al tiempo que reconoce que el resto de agentes, como productores o consumidores, pueden utilizar también las instalaciones de almacenamiento energético.

Además, el documento identifica un amplio abanico de tecnologías. Entre ellas, las centrales hidráulicas de bombeo, el almacenamiento actual, que impulsan el agua para almacenarla en depósitos de gran altura y la liberan para producir electricidad cuando hay mucha demanda, y las baterías, especialmente importante para la movilidad eléctrica o el autoconsumo, pero también a gran escala mediante la hibridación con plantas renovables, que aparece como la gran esperanza del futuro a medida que su precio sea más competitivo.

También los sistemas de almacenamiento térmico, que tienen su aplicación, entre otras, en las centrales termosolares, donde se almacena calor en tanques de sales fundidas a alta temperatura para posteriormente emplearlo en la producción de electricidad. Además de otros sistemas más innovadores como el prometedor hidrógeno renovable, en aquellos sectores en los que no llega la electricidad.