Kioto afectará finalmente a un total de 37 empresas en Aragón y a sus diversos centros de producción, de las cuales cuatro (los correspondientes a las centrales de Castelnou y Osera) están todavía en construcción. Así se desprende del listado de instalaciones afectadas por el Plan Nacional de Asignaciones de Derechos de Emisión que recoge un total de 1.097 en el conjunto del país. Las centrales eléctricas destacan como las grandes perjudicadas en el documento presentado el miércoles por los ministros de Medio Ambiente y de Industria, Cristina Narbona y José Montilla, respectivamente.

Saica, Nurel, Cemex, Aceralia y las centrales de Escatrón, Escucha y Andorra, entre otras, forman parte del listado de empresas asentadas en Aragón recogidas en este documento que ahora se someterá a información pública. Los centros de producción de estas compañías tendrán que ajustar sus emisiones de gases contaminantes. Lo que el Gobierno no ha concretado aún son los derechos de emisión por instalación.

Lo que sí explica son los criterios para distribuir las asignaciones de CO2. El plan castiga severamente al sector termoeléctrico aragonés y anticipa un fuerte varapalo a las centrales eléctricas regionales. La dependencia del carbón, la antigüedad de las térmicas y la falta de plantas de ciclo combinado asestan un duro golpe al parque energético regional.

El borrador destaca que "serán potenciadas las tecnologías de generación renovable y las de mayor eficiencia energética que permitan cubrir el incremento de la demanda en el periodo 2005-2007". Desde el punto de vista tecnológico, advierte de que participarán con menor intensidad en la cobertura de la demanda "las centrales térmicas que con más de 25-30 años han consumido buena parte de su vida útil" y la "reducción de la producción de centrales térmicas menos eficientes vinculados a una progresiva disminución de la disponibilidad del carbón". El documento prevé que el consumo total de carbón baje un 3,66% al año, y que el 85% del producido se destine a las eléctricas.

Montilla, reconoció que el esfuerzo mayor recaerá sobre el sector eléctrico, al que se asignan 86,4 millones de toneladas anuales a pesar de que el promedio de los años anteriores rebasaba los 89,5 millones. Montilla justificó esta decisión en que se trata de un sector donde "hay menos competencia que en otros", y descartó que el recorte vaya a provocar una subida del recibo de la luz "el año que viene". "En los años siguientes no lo sé, pero no tiene que subir necesariamente porque la tarifa contiene elementos que pueden servir de colchón", advirtió.