Fin de la austeridad. Después de tres años de recortes y un repunte moderado este ejercicio (1,3%), el Gobierno prevé elevar el año que viene el gasto no financiero hasta en 5.230 millones de euros, a los 125.064 millones, un 4,4% más que en el 2018. Este techo de gasto aprobado ayer supone el pistoletazo de salida para los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio, unas cuentas que serán las primeras que elabora el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que van a ser «expansivas».
El Gobierno, sin embargo, también se enfrenta al posible bloqueo del PP a la flexibilización de los objetivos de déficit merced a la mayoría absoluta de los conservadores en el Senado. Montero aseguró que el posible rechazo popular no le impedirá presentar el proyecto de cuentas del 2019 en septiembre, pero advirtió que obligará a un ajuste mayor del previsto, sobre todo a las autonomías y la Seguridad Social. Para el Estado, explicó, solo supondría reducir el techo de gasto en unos 1.200 millones, con lo que su alza bajaría hasta el 3,4%.
El Ejecutivo ha comunicado -y asegura que pactado- a la Comisión Europea que el déficit del año que viene será del 1,8% del PIB, frente al 1,3% previsto inicialmente. De esas cinco décimas de margen (unos 6.000 millones), ha dado dos a las comunidades (unos 2.500 millones) y dos a la Seguridad Social, las administraciones que concentran el gasto social, mientras que se ha quedado con una décima para las cuentas estatales.
El Congreso votará la nueva senda de déficit el martes y luego irán al Senado. La postura del PP la decidirá el nuevo presidente que salga de su Congreso de este fin de semana, pero de momento las señales apuntan a que los conservadores se inclinan por el rechazo. Las comunidades populares votaron el jueves en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiero y su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, se ha mostrado en la misma dirección.
La ministra Montero explicó que ha encargado un informe a la Abogacía de Estado para confirmar que, de no aprobarse la nueva senda fiscal, se volverá a la anterior, con lo que las autonomías y la Seguridad Social no se beneficiarán de esas dos décimas adicionales de margen de déficit. «Sería difícil de explicar por parte del PP por qué no permite aquello que nos autoriza la Unión Europea», lanzó antes de recordar que el el Gobierno de Rajoy justificó «muchas veces su recortes» en que los exigía Bruselas, con lo que su rechazo desvelaría que está «en contra de lo público».
No es el único escollo a que se enfrenta el Ejecutivo. Unidos Podemos le había pedido que incrementara el techo de gasto en 15.000 millones, hasta en torno a los 135.000 millones, pero el Gobierno solo lo ha elevado en más o menos un tercio de esa cantidad. La responsable de Hacienda, con todo, defendió que su aliado parlamentario «debería aprobar» la nueva senda, ya que esta implica menos recortes y el techo de gasto crece más que el PIB nominal (4,1%).
Montero también afirmó que las administraciones públicas podrán reducir su déficit hasta los objetivos fijados para los próximos tres años (1,8% en el 2019, 1,1% en el 2020 y 0,4% en el 2021) gracias al incremento de los ingresos fiscales (para el año que viene prevé que crezcan el 6%) y el menor gasto en partidas cíclicas como las prestaciones de desempleo, y por tanto sin necesidad de nuevos recortes. «La inercia económica podrá dar cumplimiento a la senda sin ajustes adicionales», sostuvo.
Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció que el Gobierno mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 2,7% y la del 2019 en el 2,4%, al tiempo que sitúa la del 2020 en el 2,2% y la del 2021 en el 2,1%. Unos augurios que calificó de «realistas y prudentes» y que están en línea con el de la mayoría de instituciones económicas españolas e internacionales. Estas perspectivas, aseguró, permitirán reducir el desfase de las cuentas públicas sin perjudicar el crecimiento económico y del empleo y son «coherentes con la agenda social» del Ejecutivo.
