El Gobierno ha rectificado y permitirá que los trabajadores que suscribieron un convenio con la Seguridad Social para poder jubilarse anticipadamente a los 61 años, lo puedan hacer. Una nueva circular que se dará a conocer en los próximos días dejará sin validez las emitidas en julio y agosto pasados que bloqueó el retiro de estas personas que fueron despedidas individualmente de sus empresas y que desde entonces llevan pagando su cuota para alargar, a estos efectos, su expediente de cotizante y mejorar su pensión.
El acuerdo alcanzado ayer, tras dos horas de reunión del secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, con representantes de CCOO, UGT y CEOE, pone fin a más de dos meses de polémica provocada por una circular de este organismo que anulaba el derecho a la jubilación anticipada de un colectivo que suma entre 35.000 y más de 100.000 trabajadores.
LOS PRIMEROS
Los primeros beneficiarios serán unos 1.500 que en estos últimos meses --desde el 13 de junio, fecha de la primera circular con el criterio de veto, hasta ayer-- se les ha denegado expresamente acceder a la jubilación anticipada a los 61 años en las mismas condiciones que pactaron al ser despedidos.
También se hará de forma inmediata un nuevo cálculo de lo que les corresponde como pensionistas ya que en algunos casos se les recortó la prestación de acuerdo con el nuevo criterio ahora tumbado.
VOLVER AL PRINCIPIO
En todo caso, la Seguridad Social se ha comprometido a comunicar personalmente a los afectados que se les mantiene un derecho basado en la ley de pensiones y en el principio de confianza mutua.
"Los criterios interpretativos no son pétreos e inamovibles", dijo ayer Tomás Burgos. Aunque no reconoció que se trataba de un error, sino más bien de una "interpretación" de la ley de pensiones, aseguró: "Vamos a volver al espíritu de la norma". Además, prometió a los afectados una respuesta "clara, rápida y completa".
La solución al conflicto afecta a los despedidos individualmente, no mediante un expediente de regulación de empleo (ERE), con anterioridad al 1 de abril del 2013 que, mediante un convenio particular con la Seguridad Social, siguieron pagando sus cuotas hasta la edad de 61 en que podrían jubilarse anticipadamente, según la normativa anterior a la reforma de la ley de pensiones del 2011.
Tanto esta reforma del Gobierno de Zapatero, como una posterior del PP, limitaron la jubilación anticipada, y se puso como límite a los beneficiarios que ya estaban en el paro que hubieran sido despedidos antes del 1 de abril del año pasado y siempre que el convenio suscrito no tenga efectos después de enero del 2019, cuando estará plenamente en vigor el nuevo sistema de pensiones que retrasará la edad de jubilación hasta los 67 años.
NUEVA CIRCULAR
En las próximas 48 horas, la Seguridad Social se ha comprometido a emitir una nueva circular, a la que previamente los agentes sociales tendrán que dar el visto bueno, con un nuevo criterio interpretativo de la jubilación anticipada, y anulará las que se habían denegado. En compensación, los sindicatos retirarán las reclamaciones presentadas.
La circular restrictiva de julio "no estaba ajustada a derecho", enfatizó Carmen López, de UGT, tras la reunión en el ministerio. En este sentido recordó que precisamente este Gobierno fue favorable a mantener la cobertura a esos despedidos cuando aprobó a comienzos del 2013 un decreto ley para limitar la jubilación anticipada.
Los afectados "no son trabajadores en activo, son parados que han cotizado durante este tiempo", aclaró Carlos Bravo, de CCOO. En su opinión, el Gobierno no tenía otra salida que rectificar lo que no solo es la reposición de un derecho, sino acabar con un perjuicio porque se había violentado la ley vigente.
Los dos sindicatos valoraron la rectificación y la "celeridad" con que los responsables de la Secretaria de Estado y la Seguridad Social (INSS) han anunciado la revisión de oficio de los expedientes.
Para las centrales, la vuelta al criterio anterior es "coherente" con el compromiso adquirido con Mariano Rajoy en la reunión de julio con Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez para ampliar la cobertura de protección a los parados y especialmente a los de larga duración.
