Ha sido una eterna petición de la industria electrointensiva y después del anuncio de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hace unos meses de llevarlo a cabo, era cuestión de tiempo que se materializase. El Gobierno anunció ayer la creación de un Estatuto de Consumidores Electrointensivos en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio que también incorpora la figura de las redes de distribución de energía eléctrica cerrada -con un plazo máximo de seis meses para desarrollar el reglamento- y la modificación del contrato de relevo en el sector manufacturero hasta 2023 para «impulsar el empleo joven».

Así lo ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que ha desgranado las medidas de un Real Decreto-Ley que encabeza su ministerio pero en el que también han trabajado de manera intensa Transición Ecológica y Agricultura.

Este Estatuto se trata de un «primer paso» para en el plazo de seis meses realizar el desarrollo normativo que recoja los derechos y obligaciones de este ‘gran consumidor eléctrico’ y que, previsiblemente, según fuentes de este medio, incluirá medidas similares a las de Francia como compensaciones o exenciones en las tarifas de acceso a redes o en los costes de renovables.

«Es una demanda que llevamos tiempo reclamando a la administración para que la industria electrointensiva española tenga el mismo tratamiento que en otros países», aseguraba Fernando Soto, secretario general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) que representa a 26 compañías con un consumo total del 11% de la demanda eléctrica.

Maroto confirmó que pagará a la industria electrointensiva subvenciones por compensación de los costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2) a partir del mes de diciembre con la condición de que mantengan su actividad 3 años.