El actual Gobierno en funciones de Pedro Sánchez no aprobará ningún incremento de los sueldos de los funcionarios mientras siga en funciones. Así se lo ha notificado por carta el departamento de presidencia a las centrales con mayor representación entre el colectivo de trabajadores públicos, en la que estima que la revisión de las nóminas para el 2020 (que está pacatada que sea de entre el 2% y el 3,85%) no es una cuestión de urgencia. Y, en consecuencia, que debe ser el próximo Gobierno con plenas garantías el encargado de acometer dicho incremento. Las centrales, por su parte, todavía consideran que existe margen para que, tras las elecciones del 10 de noviembre, los partidos formen Gobierno y aprueben los incrementos.

La actualizción de las pensiones, la revisión del salario mínimo interprofesional o el incremento de los sueldos de los trabajadores públicos son varias de las cuestiones que la falta de un Gobierno con plenas competencias deja en el aire, de cara al inicio del próximo año. Y en lo que a los funcionarios se refiere, el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez dejó aclaradas las dudas el pasado, posponiendo la reivisión hasta, como mínimo, pasadas las elecciones del 10-N. "El Gobierno está además firmemente comprometido con el cumplimiento de las condiciones retributivas pactadas con los sindicatos, para lo que deberá contar con funciones plenas", reza la carta remitida a los sindicatos.

Los sindicatos han reaccionado a la carta con cierta esperanza a tener un Gobierno a partir del 10 de noviembre que pueda materializar los incrementos salariales pactados. Aunque también con críticas. "Al igual que se ha comprometido en el caso de las pensiones, el presidente del Gobierno debería garantizar la subida por la vía del decreto, con el fin de que entre en vigor desde el 1 de enero y evitar así que se produzcan retrasos. Y es que, ante la coyuntura política, es más que previsible que el 1 de enero el ejecutivo todavía esté en funciones", ha considerado el CSIF; la central con representación mayoritaria entre los trabajadores de la Administración General del Estado.

Fuentes de UGT se han mostrado optimistas en tener un Gobierno con plenas competencias antes de finalizar el año y consideran que existe margen suficiente para aprobar los incrementos pactados vía real decreto. Si ello no sucediera, el próximo Gobierno debería aprobar con carácter retroactivo los incrementos pactados, que fueron para el 2020 de entre el 2% y el 3,85% (dependiendo de la evolución final del PIB), con fecha de 1 de enero. Lo que implicaría que los trabajadores públicos cobrarían de manera íntegra, pero con demora, los incrementos.