El Gobierno y los sindicatos de Función Pública pactaron ayer la Oferta de Empleo Público (OEP) con un total de 19.341 plazas para la Administración General del Estado, aunque las cifras no están cerradas, pues falta incluir las plazas de administraciones como Justicia o Fuerzas de Seguridad del Estado.

De las anunciadas ayer, casi la mitad, 10.016, serán de acceso libre, de las cuales 323 plazas se destinarán a cubrir servicios especiales para inmigrantes y otras 485 serán para atender el 5% de puestos de áreas de especial necesidad. A estas cifras se suman 5.997 de promoción interna y 2.800 de estabilización de plazas interinas de este año y el anterior, que se englobarán en una convocatoria conjunta. Así lo acordaron ayer la ministra Meritxell Batet, en representación del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA en una reunión, un consenso que se materializó en un documento firmado que se llevará este viernes al Consejo de Ministros para su aprobación.

Según Batet, solo las Administraciones Públicas que cumplan con el objetivo de déficit tendrán garantizada una oferta de empleo con una tasa de reposición del 100%, mientras que las que no lo cumplan solo podrán aplicar esa tasa en los servicios prioritarios y, el 75%, en el resto.

Asimismo, los representantes de las centrales y el Gobierno acordaron que el personal al servicio de la Administración General del Estado en situación de incapacidad temporal vuelva a percibir el 100% de su salario desde el primer días, volviendo así a la situación vigente en el 2013.

Desde CCOO y UGT se criticó que las cifras que maneja el Gobierno para la OEP de 2018 no supongan una mejora respecto a la situación del año anterior, pues son similares a las del año pasado y no responden a las necesidades de personal de los servicios públicos. Además, recuerdan que el 65% de la plantilla de la AGE supera los 65 años. Los tres sindicatos reclaman una oferta de empleo público extraordinaria, adicional a la ordinaria, para ir recuperando los empleos perdidos en el sector público durante los últimos años. De hecho, desde 2010 se han perdido casi 57.000 puestos de trabajo en la AGE. UGT cree que esta oferta debería centrarse en el ámbito de Instituciones Penitenciarias y en la Agencia Tributaria.