Los agentes sociales y el Gobierno reanudaron ayer el diálogo social, que había entrado en una fase de letargo que amenazaba con bloquear la negociación. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, planteó a los líderes sindicales y patronales una batería de propuestas que incluyen la reducción de las modalidades de contratos a solo tres tipos: indefinido, de formación y uno temporal reformulado como «de protección creciente».

La reducción de las abundantes modalidades de contratación existentes en la actualidad se había convertido en una propuesta recurrente de las organizaciones empresariales, de algunos expertos y también de algunos partidos políticos.

Báñez enmarcó la propuesta de simplificación de las modalidades de contratos y la transformación del temporal en uno con indemnización progresiva dentro del acuerdo firmado entre el PP y Ciudadanos en el 2016. El punto de partida para el nuevo contrato es una indemnización de 12 días de sueldo por año trabajado para el primer ejercicio, lo que significa igualar la cifra actualmente en vigor. A partir del segundo año subiría a 16 días de indemnización y a 20 en el tercero, lo que equivale a igualarla con el coste de rescindir un empleo indefinido.

DESINCENTIVAR LA TEMPORALIDAD

Asimismo, la ministra planteó establecer desincentivos para aquellas empresas que recurran en mayor medida a la contratación temporal y la rotación excesiva, mediante el incremento de cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer, a la vez que se establece un nuevo incentivo en las cotizaciones para las empresas que tengan un porcentaje mayor de contratos indefinidos en comparación con las de su mismo sector.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Empleo ofreció reforzar el principio de la causalidad de la contratación temporal, poner máximos en la negociación colectiva, penalizar a las empresas que abusan de los eventuales con un aumento de las cotizaciones sociales y reforzar la persecución del fraude en los contratos a través de la inspección de trabajo y con sanciones bastante más elevadas.

La batería de medidas propuestas por la ministra también prevé la puesta en marcha de programas ya anunciados como una ayuda de 430 euros a los jóvenes que sean contratados a través del plan de empleo juvenil, incrementar la bonificación por la conversión de esos empleos a indefinidos hasta 3.000 euros y equiparar las cotizaciones del contrato en prácticas con el de formación.

Asimismo, se profundiza en el nuevo modelo de formación continua, criticado hasta ahora por los sindicatos y las patronales, y se propone continuar con el debate para una reforma del sistema de pensiones para mejorar la «suficiencia y sostenibilidad» de la Seguridad Social.

La primera reacción de los líderes sindicales tras la reunión mantenida fue optar por la cautela, aunque sin críticas directas a las medidas planteadas. Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, sí advirtió de que no es partidario de subir las cotizaciones sociales.

LOS SINDICATOS VEN AVANCES

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, indicó que el sindicato participará en las mesas de negociación abiertas «en la medida en que sean funcionales» para el objetivo de reducir la elevada temporalidad, mejorar los salarios más bajos, fortalecer la negociación colectiva y hacer viable el sistema de pensiones. Su homólogo de UGT, Josep Maria Álvarez, destacó que están «en condiciones de poder avanzar, de ir situando elementos que nos permitan que la precariedad laboral empiece a reducirse de manera considerable».