Los detalles de la reforma fiscal del Gobierno están a la espera de que el propio presidente mueva ficha. Sólo a él corresponde adoptar la decisión última de hasta dónde se quiere llegar en la rebaja de impuestos (dentro de una horquilla de entre 4.800 y 8.000 millones de euros) y de si se avanza ya en el nuevo modelo de financiación autonómica o, por el contrario, se dejan estos cambios para la próxima legislatura con el fin de evitar conflictos con los barones autonómicos que ya solo piensan en las elecciones del 2015.

Como ha ocurrido con otras decisiones que ha debido adoptar Mariano Rajoy, el desconcierto existente en los diferentes departamentos ministeriales sobre la posible decisión última del presidente es enorme. De momento, el calendario inicialmente previsto para la reforma fiscal parece que va a sufrir un ligero retraso de una o dos semanas, por efecto de la abdicación del Rey sobre la agenda política. Además, cobra cuerpo la idea de abordar una reforma fiscal en dos tandas.

Según esta idea, el Consejo de Ministros podría aprobar no antes del 20 de junio un borrador de reforma fiscal que abordaría, tan solo, las rebajas de los impuestos sobre la renta y sociedades. El proyecto definitivo se aprobaría definitivamente en otra reunión del Consejo de Ministros en julio y sería en ese momento cuando podrían incorporarse reformas sobre tributos autonómicos, como el de sucesiones o el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Entre medias de estas dos tandas, se prevé reunir en el mes de julio a los responsables autonómicos de Hacienda en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar sobre los efectos de la reforma fiscal en su financiación. Ahí se verá con claridad si el Gobierno aprieta el acelerador de la reforma de la financiación autonómica o si por el contrario renuncia a una modificación a fondo del modelo y se limita a exprimir las posibilidades de la reforma fiscal para intentar hacer llegar más recursos a las administraciones autonómicas.

Una tercera opción es que ni siquiera se aborden cambios en los tributos autonómicos y se deje todo para la próxima legislatura. En la adopción de esta decisión pesa, y mucho, la presión de los barones autonómicos. El Gobierno de Madrid, del PP, presiona para acometer una reforma a fondo del sistema de financiación pero repudia la idea de una modificación parcial que se limite a tocar impuestos autonómicos y que le pueda obligar, por ejemplo, a subir el impuesto de sucesiones, prácticamente inexistente. El presidente de Madrid, Ignacio González, está dando la batalla para evitar acudir a las próximas elecciones autonómicas con una subida de impuestos.

Antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de julio podría celebrarse una reunión previa de este foro autonómico. En él se debería tratar sobre el techo de gasto presupuestario del 2015 que, preceptivamente, debe ser aprobado antes de que acabe junio. En realidad, la reunión del CPFF ha sufrido sucesivos retrasos desde abril. Desde entonces está pendiente una reunión de los responsables autonómicos para valorar los informes que cada gobierno regional remitió a Hacienda en abril con su particular evaluación del sistema vigente de financiación.