El Gobierno ha rechazado las compensaciones reclamadas por Abertis por las disminuciones del tráfico en la autopista AP-7 que reclamó la compañía. Ante el silencio del Ejecutivo en la anterior legislatura, el grupo recurrió al Tribunal Supremo en el 2015 para exigir casi 1.500 millones por ese concepto.

El Ejecutivo asegura que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado para rechazar la petición y hace suya la interpretación hecha por este organismo en el 2014. Esa visión es la que llevó a Abertis a llevar el caso al Supremo. En marzo pasado, la concesionaria ganó una primera batalla al darle el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la razón al anotar en sus cuentas la compensación.

El origen del conflicto nació del convenio entre Acesa (Abertis) y el ministerio de Fomento que modificaba la concesión de la AP-7. En el mismo se preveía que Abertis invertía 500 millones en un tercer carril en los tramos de Gerona y Tarragona. En compensación se le reconocían el importe de las obras más su actualización financiera, así como un saldo por garantía de tráfico perdido si el carril adicional no generaba más tráfico.