El Gobierno y CCOO y UGT aceleran en las negociaciones para derogar los principales aspectos de las reformas laborales del PP. En una reunión de la Mesa de Diálogo Social mantenida el miércoles, el Gobierno se comprometió a reformar por la vía del real decreto el concepto de la ultraactividad y la obligatoriedad del registro de jornada, cuestiones que podrían aprobarse como mucho en enero. Las centrales vendieron los pactos de la que posiblemente acabe siendo la última reunión a tres bandas del año como un acuerdo. «Tenemos el compromiso firme de la ministra», afirmaron fuentes sindicales. Por su parte, el Gobierno rebaja la contundencia sindical y reitera que las mesas de diálogo social «siguen trabajando» para poder acabar sumando al acuerdo a las patronales. La CEOE reaccionó en un comunicado en el que manifestó su «sorpresa, indignación y preocupación» ante las informaciones.
Fuentes sindicales reconocen que no existe documento alguno que rubrique el compromiso del Gobierno. También temen que, al no haber una propuesta final firmada por las partes, los proyectos que acabe presentado el PSOE en el Congreso rebajen lo consensuado con ellos. Si eso pasara amenazan con movilizaciones en las calles.
No obstante, cuente o no con el apoyo de última hora del tándem CEOE y Cepyme, el Gobierno está dispuesto a aprobar la vuelta a la ultraactividad de los convenios. Este aspecto refuerza la negociación colectiva, ya que permite que una vez vence un convenio, la empresa no pueda aplicar unilateralmente el acuerdo laboral sectorial sin renegociar con los sindicatos. Fuentes sindicales han trasladado que el borrador final de la reforma de la ultraactividad reubica la legislación en la misma situación que antes de la reforma del 2012.
Otro de los aspectos que cuentan con claro rechazo patronal pero que el Gobierno, apoyado por los sindicatos, está dispuesto a implementar es la obligatoriedad del registro de la jornada laboral. Ello pretende frenar el exceso de horas extras y el impago de algunas de ellas. La patronal ha manifestado públicamente que no está en contra del concepto, pero sí de combatirlo por la vía de las sanciones y la obligatoriedad.
Pese a ello, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aseguró ayer durante un desayuno de prensa que el Gobierno lo regulará independientemente del rechazo de la patronal y «por coherencia» .
El tercer aspecto que tiene muchos números para aprobarse oficialmente o bien en el Consejo de Ministros del 21 de diciembre de Barcelona o bien en el siguiente, es la renovación de las ayudas para parados de larga duración que actualmente no cuentan con ninguna otra prestación. Fuentes del Ministerio de Trabajo han trasladado que entienden que el problema sigue estando muy presente pese a la recuperación parcial del mercado laboral y consideran prioritario mantener el conocido como Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED). El calendario apremia ya que el decreto vence el 4 de enero.
Algunas medidas se podrían aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 21 de diciembre, o lo que parece más probable, según fuentes gubernamentales, en el último del año, el 28 de este mes, informa Juan Ruiz. En cualquier caso, tendrá que ser después convalidado por el Congreso, pero los socialistas tienen muy avanzada la negociación política. Como adelantó este diario a principios de noviembre, el PSOE lleva meses negociando con sigilo con el PDECat la derogación parcial de la reforma laboral. Sobre todo para que el convenio sectorial vuelva a primar sobre el de empresa. Unidos Podemos apoya esta medida, también ERC, y se da por casi seguro que el PNV se sume.
El Gobierno pretende seguir tanto en los aspectos anteriormente enumerados como en otros -vuelta a la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa o la reforma de las condiciones de subcontratación- la estrategia bajo la que se aprobó recientemente el Plan de Choque por el Empleo Joven. Esta medida no contaba inicialmente con el apoyo de la patronal pero el Gobierno decidió tirarla adelante.
Otra de las iniciativas que el Gobierno tiene consensuadas con los sindicatos sin el beneplácito de las patronales es volver a bajar la edad de los subsidios a los parados mayores. Actualmente el límite de acceso son los 55 años y el proyecto es rebajarlo a los 52 años. El Gobierno ya anunció que implementaría dicha reforma con o sin nuevos presupuestos y que calcula que beneficiaría a a 114.000 personas más, que se sumarían a los 250.000 actuales beneficiarios. Ello supondría un coste anual para las arcas públicas de 330 millones.
