El Gobierno, la patronal y los sindicatos encaran la recta final de las negociaciones para la nueva ley del teletrabajo. Tras un verano de intercambio de borradores, que han ido rebajando la concreción del texto inicial en algunos aspectos para hacerlo más digerible para los empresarios, las partes están cercanas a un acuerdo, tal como coinciden varias fuentes del diálogo social. No obstante, todavía hay varios escollos que se interponen entre las partes y el consenso. Pues la falta de acuerdo en las negociaciones para cerrar un acuerdo para el trabajo a distancia en la Función Pública amenaza con extenderse y bloquear la mesa del teletrabajo en las empresas. El próximo 1 de septiembre están citadas las partes para tratar de desencallar las negociaciones.
Varios flecos quedan por acabar de definir entre las partes tras las modificaciones realizadas desde el Ministerio de Trabajo sobre el primer contenido del anteproyecto de ley. El departamento liderado por Yolanda Díaz ha rebajado la concreción del texto por lo que se refiere a los gastos (sobre todo los indirectos) que tendrán que asumir las empresas para costear el trabajo a distancia de sus empleados. La expresión inicial de "las personas trabajadoras tienen derecho a que se les compense por la totalidad de los gastos" ha sido eliminada de los últimos borradores para dar mayor margen a la negociación entre sindicatos y patronales. Un elemento que venían reclamando especialmente las segundas y que da argumentos a los de Antonio Garamendi para secundar la nueva normativa. Desde CEOE han declinado valorar, de momento, el estado de las negociaciones; pese a que conceder mayor autonomía a la negociación colectiva ha sido uno de sus principales argumentos hasta ahora.
Otra fleco, no menor, que queda por concretar es qué trabajadores podrán acogerse a esta nueva ley. En el último borrador que han intercambiado las partes, todo aquel empleado que ejerza el 20% de su jornada laboral a distancia se considerará que está teletrabajando. Lo que vendría a ser un día a la semana de forma regular. Esta es la cifra que figura hoy por hoy en las negociaciones, según confirman varias fuentes conocedoras de las mismas; que, no obstante, reconocen que puede ser objeto de disputa en las próximas reuniones. Pues la patronal, según señalan, aspira a empujar hacia arriba dicho porcentaje y limitar los supuestos en los que tenga que pactar condiciones y desembolsar gastos para con sus empleados.
No solo parte del contenido está por definir, sino también las formas. Pues la intención inicial del Gobierno era tramitar la ley del teletrabajo, una vez estuviera pactada con patronal y sindicatos, como proyecto de ley con carácter de urgencia. Lo que implica una tardanza en entrar en vigor de meses y que los distintos grupos parlamentarios puedan introducir modificaciones. Algo que inquieta a patronal y sindicatos, ya que permite edulcorar el texto negociado con ellos. La alternativa es aprobarlo vía real decreto, lo que podría ponerlo en vigor en pocas semanas. Esta última opción, no obstante, limita el debate parlamentario y podría estar condicionada a la evolución de la pandemia. Es decir, si la emergencia sanitaria obliga a otro repliegue masivo (con el consecuente repunte del teletrabajo), sería más fácilmente justificable por esta vía.
HASTA TRES AÑOS PARA ENTRAR EN VIGOR
Otro frente que no está definido es cuándo entrarán en vigor las condiciones de trabajo a distancia pactadas entre trabajadores y empresas. En el momento que entre en vigor la ley, las partes podrán comenzar a negociar sobre la base de ella. No será inmediato y el plazo puede alargarse hasta tres años. Pues aquellos convenios que venzan podrán renovarse incorporando las condiciones de las nueva legislación. Y estos suelen tener una vigencia máxima de tres años. En aquellas compañías o sectores donde haya acuerdo antes, podrán revisarse los convenios o acuerdos existentes para incorporarlo antes.
PROBLEMAS EN LA FUNCIÓN PUBLICA
En paralelo a las negociaciones para la ley del trabajo a distancia en las empresas, los sindicatos y Función Pública también están renovando sus propios acuerdos. El problema es que, según manifiestan los sindicatos, las conversaciones no avanzan porque Función Pública se niega a abordar el tema. Algo que desde el Ministerio rechazan. El resultado del choque de versiones es que las centrales, con voluntad de desatascar la situación, amenazan con trasladar dicho bloqueo a la mesa de la privada. Pues el último borrador discutido en esta última mesa excluye explícitamente a los trabajadores del personal laboral de la normativa para las empresas.
