El Gobierno vasco aprovechó ayer la jornada de protesta de los trabajadores de los astilleros públicos para poner en entredicho el compromiso del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de "salvar" el sector y garantizar soluciones para afrontar la crisis del grupo Izar.
El informe presentado ayer por la consejera de industria del Gobierno vasco, Ana Aguirre, tras entrevistarse la víspera con el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, fue demoledor. Confirmó que la SEPI ha decidido "sacrificar" La Naval, aunque pidió que "se revoque" esa "decisión política".
"La SEPI habla de quiebra técnica, de muerte anunciada, de proceso de disolución y venta de activos en subasta pública, de imposibilidad de contratación de carga de trabajo. No hay plan industrial ni inversor privado", sentenció la consejera. Según dijo la representante del Ejecutivo vasco, el hólding público ha decidido mantener las instalaciones de Puerto Real (Cádiz) como único astillero civil y proceder al cierre ordenado del centro vizcaíno.
Por otra parte, el consejero de Innovación, Industria y Comercio de Galicia, Juan Rodríguez Yuste, aseguró: "No hay ninguna previsión expresa ni implícita por parte de la SEPI de que los astilleros Izar Fene sean desmantelados". Sobre el compromiso del jefe del Gobierno señaló que. "aunque estas declaraciones nos indujeron a pensar en un compromiso político renovado, el posicionamiento de la SEPI es el mismo que antes de estas manifestaciones".
Su homólogo murciano, Patricio Valverde, aseguró que el compromiso de Zapatero y el plan propuesto por la SEPI "no son incompatibles".
GRAVES PERDIDAS Por otro lado, Martínez Robles explicó que la situación de los astilleros es "muy grave en términos económicos", ya que en los últimos cuatro años ha perdido más de 600 millones de euros. A ello se suma, según el responsable de SEPI, la "obligación de devolver ayudas ilegales concedidas por el anterior Gobierno por importe de 1.100 millones de euros".
