Da empleo a casi 680.000 personas en toda la Unión Europea, 41.000 de ellas en España, invierte algo más de 28.000 millones de euros en investigación y desarrollo y sus exportaciones rondan los 150.000 millones. Sin embargo, no todos los números de la industria farmacéutica europea esconden noticias tan positivas, tal y como expone la Comisión Europea en un informe publicado esta semana en el que cifra en más de 1.000 millones de euros el montante de las multas impuestas en los últimos nueve años a empresas del sector por sus artimañas para frenar la competencia en un ámbito de “importancia social y económica especial”.

Durante el período 2009-2017, el Ejecutivo comunitario ha examinado más de un centenar de casos, ha castigado 29, junto a trece autoridades nacionales de la competencia, y mantiene abiertas una veintena más de investigaciones. El análisis confirma que en 24 de los 29 casos sancionados relacionados con medicamentos el resultado se cerró con prohibiciones mientras que solo en cinco casos las empresas consiguieron librarse de la multa.

Para exponer las malas prácticas y conseguir pruebas, los responsables de la competencia realizaron inspecciones sin previo aviso en el 62% de los casos, en el 90% hubo petición de información y en el 45% entrevistas. La mayoría de las investigaciones a las que siguió una intervención, 17 de ellas, se iniciaron por denuncias.

TRABAS MÁS PROBLEMÁTICAS

La lista de problemas identificados durante este ejercicio es larga y variada aunque el grueso de los casos se refiere a abusos de posición dominante en el mercado. Entre las trabas: desde conductas excluyentes para retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos, hasta prácticas de reparto del mercado o fijación de precios, pactos entre empresas fabricantes de medicamentos originales y de genéricos para no comercializar los segundos y repartir los beneficios logrados por los fabricantes de los productos originales, o simplemente precios excesivos cobrados por medicamentos sin patente.

Por ejemplo, en 2013 Bruselas impuso una multa de casi 94 millones a la empresa danesa Lundbeck y otros 52 millones a otros cuatro fabricantes de medicamentos genéricos por cerrar acuerdos para retrasar la comercialización de las versiones genéricas del antidepresivo citalopram. Según la Comisión, las empresas de genéricos se comprometieron a no competir con la compañía danesa a cambio de dinero y de vender a Lundbeck sus genéricos que después los destruía. El Tribunal General dio la razón a los servicios de la competencia comunitarios aunque las empresas han recurrido la decisión.

Otro caso destapado estos últimos años corresponde a la farmacéutica francesa Servier y a otros cinco fabricantes de genéricos que cerraron acuerdos para proteger el medicamento más vendido por Servier, el perindopril para la presión arterial. Por ello fueron multados con 427 millones en Francia. Además de pagos a las empresas de genéricos, la estrategia de la compañía francesa incluyó la compra de tecnología a sus competidores y acuerdos sobre patentes. Servier recurrió y logró rebajar la multa a 315 millones, que todavía puede ser contestada.

CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO Y PRECIOS INFLADOS

Pero más allá de bloquear o retrasar el acceso de genéricos al mercado, que cuando se comercializan son, en general, un 50% más baratos que los originales, algunos fabricantes utilizan estrategias de desprestigio. Por ejemplo, la autoridad nacional de la competencia francesa sancionó en 2013 a Sanofi-Aventis con 40 millones por su estrategia destinada a “engañar a los médicos y farmacéuticos para que paralizaran los mecanismos de sustitución por genéricos”.

A esto se suma la existencia de precios no equitativos en relación a medicamentos sin patentes. El informe está regado de ejemplos por toda Europa. La autoridad italiana de la competencia impuso una multa de 5,2 millones en 2016 a Aspen por abusar de su posición dominante en relación a varios medicamentos contra el cáncer cuyos precios inflaron entre un 300 y 1.500%. En el Reino Unido, la farmacéutica Flynn subió el precio del genérico fenitoina sódica hasta un 2.600%, gracias a una laguna legal.

Mientras, en Dinamarca, la distribuidora CD Pharma, aumentó el precio del syntocinon, administrado a mujeres embarazadas durante el parto, un 2.000% al elevar el coste de 6 a 127 euros. El análisis se hace eco también de la ilegalidad del acuerdo entre una asociación de farmacéuticos de Castilla-La Mancha y el servicio de salud regional, confirmado por el Tribunal Supremo.

Todo este tipo de conductas han impedido, según el Ejecutivo comunitario, no solo una rebaja de precios que ha perjudicado a pacientes y sistemas sanitarios, inflando el gasto hospitalario, sino también ha reducido los incentivos a la innovación. “Cuando una empresa ya establecida puede confiar en la exclusividad de sus productos antiguos durante más tiempo del que le corresponde esto puede afectar a sus incentivos para asumir el riesgo de innovar”, alerta el informe.

OCHENTA FUSIONES EXAMINADAS

Tras este examen se esconde la preocupación expresada por el Consejo y el Parlamento Europeo ante la posibilidad de que prácticas contrarias a la competencia pudieran impedir el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales, asequibles e innovadores. Al hilo de esto, Bruselas ha analizado más de 80 fusiones de las cuáles 19 fueron consideradas problemáticas por el riesgo a inflar precios, especialmente de genéricos. De ahí que solo fueron autorizadas, tras el compromiso de las empresas a desprenderse de parte de sus negocios, como ocurrió en el caso de la operación de concentración entre Teva, el mayor fabricante mundial de genéricos, y Allegan, el cuarto.