La actualidad política manda también en la esfera económica. Cataluña centró gran parte del discurso que el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ofreció ayer en Zaragoza para clausurar el ciclo de conferencias del 140 aniversario de Ibercaja. «La independencia de Cataluña sería un suicidio desde el punto de vista económico y financiero, pero también para la convivencia de los catalanes», afirmó, al tiempo que negó toda legitimidad a la convocatoria del 1-O que impulsa la Generalitat: «No será un referéndum en los términos que los concebimos todos de legalidad y garantías, será una pantomima», sentenció.
El ministro, cuyo conferencia fue presentada por el presidente de Ibercaja, José Luis Aguirre, defendió que la independencia que la comunidad vecina de Aragón quiere no se producirá «nunca», no solo por razones de legalidad, sino también porque es «irracional». «A Cataluña le ha ido y le irá mucho mejor con el resto de España tanto a nivel económico y financiero como político», aseveró. Como ejemplo, recordó que con una hipotética secesión sus exportaciones de automóviles a la Unión Europea se encarecerían con un arancel del 10% y las de textil un 15%.
"CHANTAJE EMOCIONAL"
Sobre los efectos económicos que puede estar sufriendo Cataluña por la tensión soberanista, dijo que «de momento» se han notado «muy poco». Es más, recordó que el crecimiento de esta es incluso ligeramente mayor al del conjunto de España, lo que atribuyó a que «a la economía catalana le vino especialmente bien el tipo de medidas que adoptó» el Gobierno central en los últimos años al ser de una economía «muy abierta» y exportadora. Por eso, reiteró su convencimiento de que la situación «se va a reconducir».
Como solución a las demandas de Cataluña, Guindos abogó por mejorar su financiación dentro del marco de negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Esto, abundó, no era posible en el 2012 -cuando la Generalitat propuso un pacto fiscal- porque España estaba «al borde del colapso» pero sí ahora. En esta línea, defendió un sistema que reconozca las singularidades catalanas y de otras comunidades. El ministro señaló que de este proceso todas las autonomías deben salir beneficiadas y que no cabe el «chantaje emocional», pero no aclaró, sin embargo, con qué fórmulas o medidas plantea lograr ese cambio sin provocar agravios comparativos en el resto de regiones. Tan solo apuntó que apuesta por un modelo como el de Estados Unidos, en el que los estados no pueden tener déficit presupuestario, y expresó «la voluntad de diálogo» del Gobierno para llegar a acuerdos en esta materia.
SUBIR SALARIOS
Sobre la situación económica de España, apuntó que no existen «señales evidentes de desaceleración», como ocurría hace unos meses, y que el país cerrará el 2017 con crecimiento del PIB por tercer año seguido -en torno al 3%, medio millón de empleos más y menos paro. En este sentido, hizo hincapié en la «calidad del crecimiento», como reflejan las cifras sobre inversiones en bienes de equipo, exportaciones o el superávit en la balanza de pagos por quinto año consecutivo. Aunque señaló que la prioridad es la creación de empleo, reconoció que los salarios deben ganar peso en la renta nacional pero rechazó ser él quien diga cuánto: «No puedo ser dirigista», sentenció. En su opinión, deben ser las empresas y los equipos humanos los que decidan cuánto pueden subir.
En cuanto a las tareas pendientes, aludió a la aprobación de los presupuestos del 2018, algo que ve «factible» pese a las dificultades. «Tenemos desafíos importantes, pero entre todos haremos frente a esos desafíos, con la ley y el sentido común», concluyó en alusión de nuevo a Cataluña.
