Tras varios meses de debate con el sector y cambios respecto al proyecto inicial, el Gobierno aprobó ayer el proyecto de regulación del crowfunding o financiación colectiva, una de las primeras en el mundo. La nueva norma establece que los pequeños inversores particulares solo podrán destinar 3.000 euros a cada proyecto y 10.000 euros (4.000 más de lo previsto inicialmente) al conjunto de iniciativas que apoyen al año.

"Es prudente que los minoristas con poca cultura financiera no puedan destinar todos sus ahorros a esto", justificaron fuentes del Ministerio de Economía, que dirige Luis de Guindos. El objetivo, así, es evitar situaciones como las creadas por escándalos del tipo de las preferentes o Forum Filatélico: "Cuando algo falla, el primero al que se vuelven los inversores es al Estado".

La inversión en este tipo de proyectos empresariales (quedan fuera de la regulación el mecenazgo y la compraventa de productos culturales) pueden ser muy rentable, pero también se corre el riesgo de sufrir grandes pérdidas. "Las plataformas de crowfunding no se hacen garantes de la viabilidad de los proyectos, ni tampoco la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. El que tiene que entrar en la valoración es el inversor. La gente debe saber que invierte a su riesgo", advirtieron en Economía.

SIN LÍMITE

A petición del sector, Guindos ha aceptado que los inversores profesionales, en cambio, no tengan límite. Si lo solicitan, se pueden acoger a esta ventaja las instituciones y ciertas empresas (con más de un millón de euros de activo, dos millones de cifra de negocio o 300.000 de recursos propios) y particulares (más de 50.000 euros al año de renta o 100.000 de patrimonio).

Además, las empresas no podrán pedir más de dos millones al año para sus proyectos y las plataformas deberán contar con un capital social de al menos 60.000 euros o suscribir un seguro de responsabilidad civil para intermediar un tope de dos millones por ejercicio (si amplian el capital, pueden operar más).

Las empresas deberán informar en las webs de las firmas de crowfunding de su situación e historial financiero. Las plataformas estarán obligadas a requerirles esta información y facilitarla a los inversores, pero la responsabilidad de que los datos sean verdaderos será solo de la compañía.

'RATING'

El Gobierno también ha dispuesto que los bancos deban avisar con tres meses de antelación a las pymes si les van a retirar la financiación, o reducirla un 35% o más, para que puedan buscar alternativas. En esos casos, las compañías podrán pedir a la entidad un informe sobre su historial de pagos y una nota de valoración crediticia similar a la que las agencias de calificación ponen a instituciones públicas y grandes empresas. El Banco de España establecerá unos criterios y una metodología para la elaboración de esos ratings.

El Ejecutivo ha introducido cambios, asimismo, en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), muy dañado por el escándalo de Gowex. Bolsas y Mercados Españoles (BME) tendrá que hacer un seguimiento más cercano de las compañías --que deberán estar auditadas por firmas reconocidas-- e informar a la CNMV. Las empresas deberán pasar al mercado continuo de la bolsa (que tiene mayores exigencias de transparencia y gobierno corporativo) cuando superen durante seis meses una cotización de 500 millones de euros.