Devolver el dinero usado para gastos personales con las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, como están haciendo algunos de los más de 80 beneficiarios, no les inmunizará a una posible sanción por parte de la Agencia Tributaria. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, advirtió ayer que, si su departamento llega a la conclusión de que hubo una infracción fiscal, "hay que pagar sanción y recargos, como cualquier ciudadano".
La Agencia Tributaria, explicó, está comprobando la situación fiscal de los directivos y consejeros beneficiarios, así como el uso que dieron a las tarjetas, y a partir de esa investigación analizará qué cantidad puede recuperar. "No hay que prejuzgar la solución final, hay que dejar trabajar a la Agencia Tributaria con la profesionalidad que ha tenido siempre y ver cuáles son los resultados", reclamó.
Los inspectores fiscales, según El País, solo han podido abrir investigación a 46 de los 86 usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid, que gastaron 2,6 millones de euros, apenas el 17% del total. Se trata de los que las utilizaron entre el 2010 y el 2012, los únicos ejercicios que no han prescrito fiscalmente.
Ante las investigaciones de Hacienda y la Audiencia Nacional, varios de los beneficiarios han pedido a la Fundación Caja Madrid --heredera de la obra social y el monte de piedad de la desaparecida caja-- los certificados de retenciones fiscales de su época como consejeros y directivos para comprobar si se incluyeron sus gastos con las tarjetas y para tratar de demostrar que formaban parte de su retribución. José Ignacio Goirigolzarri --presidente del banco, que hizo desaparecer las tarjetas cuando llegó al cargo-- defendió ayer que esa operativa es "producto del pasado" y aseguró que Bankia actúa ahora de forma "escrupulosa y transparente".
