Aun no se han hecho cuentas sobre el coste total que van a tener las sucesivas medidas que está adoptando el Gobierno para atender la emergencia sanitaria, económica y social derivada de la pandemia. Pero el decreto ley aprobado este martes recoce unas tensiones presupuestarias sin precedentes, que no caben dentro de las costuras de un Presupuesto del Estado prorrogado desde el 2018.

En expresión coloquial, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está buscando dinero debajo de las piedras. Para enfado de las autonomías, Hacienda ha decidido utilizar la mitad de los fondos de políticas activas de empleo (unos 1.000 millones) a pagar prestaciones de paro y, además, ha dictado que el Estado absorberá los excedentes de liquidez de sus organismos autónomos.

Pero además la ministra tiene en su radar el superávit acumulado por las corporaciones locales en los ocho últimos años, en forma de unos depósitos bancarios cercanos a los 30.000 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España.

20% del excedente del 2019

La reflexión se puso sobre la mesa en la última videoconferencia de coordinación que mantuvo la ministra con los consejeros de Hacienda el pasado 25 de marzo. El primer gran real decreto de medidas urgentes contra los efectos del covid-19, aprobado el 17 de marzo, ya abrió la puerta a los ayuntamientos con superávit a utilizar 300 millones de su excedente del 2019 para gastos sociales.

Después, el decreto de este martes, de 31 de marzo, precisó en su artículo 20 que cada ayuntamiento podrá utilizar hasta el 20% el excedente del 2019 restante después de haber pagado a proveedores y haber amortizado deuda. Tomando en cuenta que el superávit total de los ayuntamientos superó los 3.800 millones en el 2019, el 20% disponible para los ayuntamientos podría superar los 700 millones de euros (más del doble que los 300 estimados inicialmente).

Más competencias o un crédito

Pero los ayuntamientos acumulan un remanente en las entidades financieras cercano a los 30.000 millones de euros, cuya utilización se hace imposible por imperativo de la regla de gasto, pero que sin embargo son vitales en una situación de emergencia como la actual.

Esta cuestión fue puesta sobre la mesa en la reunión del 25 de marzo aunque, según algunas personas que participaron en ella la ministra no profundizó en la cuestión y tan solo hizo referencia a la conveniencia de movilizar esos fondos de algún modo y a las dificultades políticas que ello podría entrañar.

Un primer paso se ha dado en los dos últimos decretos, abriendo la mano a uilizar parte del excedente del 2019 en cualquier gasto social necesario para ayudar a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis. Y las vías para seguir avanzando, según las fuentes consultadas, podrían pasar por seguir ampliando competencias de gasto a las corporaciones locales o porque estas pudieran prestar su dinero al Estado.

Fuentes de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) admiten que desconocen planes del Gobierno en esa dirección.

En una iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP insta al Gobierno a liberar el superávit municipal. ERC, por su parte, también han presentado otra iniciativa con el mismo propósito.