Más prevención y menos comprobaciones a quienes declaran. Hacienda concentrará sus esfuerzos en comprobar y controlar a los contribuyentes propensos al fraude, a los que previamente clasificará. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, explicó ayer en el Senado la política de su departamento para aumentar los ingresos mediante una mejora de la gestión tributaria y la lucha contra el fraude. También anunció "medidas cautelares" durante los procedimientos de liquidación para "asegurar el cobro" de las deudas tributarias.

La nueva política partirá de una labor de prevención con la clasificación de los contribuyentes "para determinar sus niveles de riesgo fiscal". Con posterioridad se realizarán "las acciones de control aplicables" a cada grupo de riesgo. Asesores fiscales consideran los principios "una declaración de intenciones".

ACTIVIDAD INMOBILIARIA E IVA Fuentes del ministerio explicaron que las actividades inmobiliarias, las que concentran fraudes con el IVA , los contribuyentes que operan con paraísos fiscales o las empresas que inician su actividad pueden ser candidatas a estos grupos de riesgo.

Se trata de "potenciar la labor previa a investigar el fraude, es decir, de identificar con claridad y exactitud los sectores e impuestos con más defraudación", según fuentes del ministerio. Esta formulación fue la que anunció el anterior equipo del PP, pero, según el Gobierno actual, acabó concentrando a la inspección en comprobaciones masivas.

Solbes, que intervino en la comisión de Economía y Hacienda del Senado, aseguró que "la experiencia ha demostrado que las actuaciones de control tradicionales, basadas en la comprobación desde las oficinas de los datos declarados, no son efectivas en relación con una determinada tipología de contribuyentes". En su opinión, "de la mera comprobación hay que pasar a actuaciones de investigación y prevención".

El ministro eludió explicar las medidas cautelares que plantea para que las deudas liquidadas por la inspección se cobren efectivamente, pero las incluyó en el marco de la ley tributaria, que en vigor el 1 de julio. Destacó que no basta con liquidar la deuda, si no que hay que cobrarla.

En cuanto a la tributación de las plusvalías en el IRPF, el ministro anunció la creación de un grupo de trabajo para analizar "las vías de actuación para mejorar la equidad horizontal". Este análisis tendrá en cuenta "el entorno comunitario" y "la situación de los mercados de capitales". El PSOE anunció en su programa la equiparación fiscal de estas rentas con los salarios. Solbes dijo que se ha aplazado la decisión.

Por su parte, la entrada en vigor de la nueva ley general tributaria a partir del 1 de julio conllevará la activación de cientos de procedimientos sancionadores que quedaron congelados a finales del 2003 a la espera de la nueva norma y de determinar el régimen más favorable para el contribuyente.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) advierte de los "problemas prácticos" que conllevará la entrada en vigor de la ley sin que lo hagan los reglamentos que la desarrollan, entre ellos el de sanciones, que no estarán hasta otoño.