El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, cifró ayer en unos 1.000 millones de euros el coste de la nueva ley de medidas urgentes al trabajo autónomo, de los que entre 500 y 600 millones se corresponderán a la ampliación de la tarifa plana, y afirmó que la «única restricción» para acometer rebajas impositivas es que sean compatibles con el objetivo de consolidación fiscal.

Así lo señaló durante su intervención en la jornada sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2017, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Deloitte, en la que auguró un impulso «muy importante» de la nueva ley de autónomos a las pequeñas y medianas empresas, al conllevar una reducción de cotizaciones y de la imposición.

La mayor parte de las medidas incluidas en la nueva ley entrarán en vigor después del verano, mientras que el resto se pospondrán hasta el 1 de enero de 2018, y entre ellas se incluye el que se dobla el periodo de vigencia de la tarifa plana de 50 euros, pasando de seis meses a un año, de la que más de 350.000 autónomos ya existentes se beneficiarán.

Nadal explicó que «las cosas van mejor», ya que la economía entra en su tercer año de crecimiento y empieza a haber «márgenes», ya que la recaudación tributaria «va bien» y permite «cumplir el objetivo de déficit y tener algunos márgenes para el año que viene».

No obstante, advirtió de que España todavía está «a mitad de camino» de la recuperación, ya que persiste un déficit superior al 3%, por lo que incidió en la necesidad de utilizar «sabiamente» los recursos adicionales que se registren con una combinación de reducción del déficit y atención a los gastos más importantes».

Nadal apuntó que el salario de los empleados públicos se subirá «un poco» el próximo año, cuando están a punto de comenzar las negociaciones con los sindicatos para acordar el incremento para el año que viene. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, expresó esta intención en varias ocasiones.