La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que está trabajando en el diseño de nuevos impuestos sobre las empresas tecnológicas y sobre la banca y en otros de carácter medioambiental así como en una reforma del impuesto de sociedades que permita una tributación mínima del 15% sobre los beneficios en las grandes empresas.

Los nuevos impuestos que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar la financiación de las pensiones y elevar el techo de gasto de los Presupuestos del 2019 pretenden entrar en vigor en enero próximo, según anunció la ministra en la cadena Ser. Montero señaló a Podemos como socio parlamentario preferente para negociar estas iniciativas.

Estas figuras que, en gran parte, ya aparecían en el «presupuesto alternativo» que presentó el PSOE en abril pasado se completarán, según la ministra, con incentivos fiscales para impulsar la igualdad de género en las empresas orientadas a favorecer la conciliación familiar y el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad en las compañías.

Los ingresos derivados de estos impuestos permitirán elevar el techo de gasto bajo el que se van a confeccionar los Presupuestos del 2019 con el fin de «recuperar parte del gasto social perdido en la crisis» y estimular el crecimiento económico.

La titular de Hacienda evitó poner cifras de recaudación a las medidas tributarias anunciadas. Sin embargo, el documento presupuestario presentado por el PSOE en abril aporta algunas pistas. Allí el PSOE cifró en unos 1.000 millones la recaudación vinculada a la nueva tasa sobre la banca y en unos 4.000 millones los mayores ingresos por una tributación mínima del 15% en el impuesto de Sociedades. «Hay diferentes propuestas sobre la mesa. Nos inclinamos por poner un tipo mínimo en las grandes empresas y que no se puedan aplicar deducciones posteriores «, explicó la ministra.

Montero no hizo alusión directa al compromiso del PSOE de subir la fiscalidad del gasóleo para equipararla a la de la gasolina. Pero sí dijo que el propósito de la nueva fiscalidad medioambiental que prepara el Gobierno no es «recaudatorio» sino penalizar las conductas contaminantes.

Según el documento socialista de abril, la equiparación progresiva de la fiscalidad del diésel a la gasolina (sin afectar al gasóleo bonificado para transportistas y agricultores) debería aportar 600 millones en el primer año (2.140 millones al final del periodo).

Aquel documento incorporaba, además, una previsión de 1.900 millones por la equiparación de la tributación de las rentas del capital a la de los salarios en el IRPF, una medida a la que la ministra no se refirió este jueves porque «No queremos subir los impuestos a los ciudadanos».