Ibercaja selló en la madrugada del pasado miércoles su reestructuración laboral tras cinco años de ajustes de plantilla. Desde el 2013 hasta junio del 2018, alrededor de 1.500 empleados habrán abandonado la entidad, que afronta su futuro más inmediato con alrededor de 5.000 trabajadores en toda España.

La crisis, la reestructuración del sector financiero, la duplicidad de oficinas tras la adquisicíon de Caja3 (CAI, Caja Badajoz y Caja Círculo de Burgos) y un modelo de negocio orientado hacia la banca digital han motivado estos recortes que tienen como trasfondo la mejora de la eficiencia de cara a la salida a bolsa de la entidad en los próximos años.

De esta forma, aunque el sector vive años convulsos y no está exento de nuevas turbulencias, todo apunta a que Ibercaja no aplicará más regulaciones de empleo en el corto plazo, al menos hasta el 2020. Además, los sucesivos ERE aplicados permiten el rejuvenecimiento de la plantilla del banco.

Para Ibercaja, el preacuerdo «cumple con los objetivos de la negociación: garantizar los derechos conjuntos de la plantilla; optimizar la estructura, adaptándola al mercado actual; y contribuir a elevar la competitividad, eficiencia y viabilidad autónoma a medio y largo plazo».

El pacto alcanzado entre Ibercaja y los sindicatos CCOO, ACI y Csica --suponen el 64% de la representación sindical--, afectará a un máximo de 590 trabajadores (500 por salidas voluntarias y otras 90 como consecuencia del cierres de oficinas) y se ejecutará antes del 23 de junio del 2018. El acuerdo deberá ser ratificado por las partes antes de mañana a las tres de la tarde.

SALIDAS VOLUNTARIAS / Nunca antes el banco aragonés había afrontado un ajuste de plantilla tan importante en tan corto espacio de tiempo, aunque las extinciones de contratos han sido, en la mayoría de los casos, voluntarias. Para ello, la entidad ha tenido que desembolsar solo en este último ERE entre 50 y 60 millones de euros. Además, en el ajuste se ha pactado la posibilidad de que las salidas voluntarias se produzcan a partir de los 55 años, lo que eleva el número de voluntarios potenciales a unas mil personas, según fuentes sindicales. No obstante, el banco tiene capacidad para limitar esas salidas si así ocurriera.

Quienes decidan abandonar Ibercaja percibirán un 85% del salario neto anual, aunque esa cantidad será inferior si el empleado tiene 55 o 56 años.

CIERRE OFICINAS / El ajuste también recoge el cierre de oficinas. En concreto, el número de sucursales que se clausurarán en la comunidad aragonesa asciende a 55, donde cuenta con 439; 13 se cerrarán en Castilla y León (83); 28 en La Rioja y Guadalajara (187); 14 en Cataluña y Levante (175); 20 en la comunidad de Extremadura (126), y 10 en Madrid y Andalucía (238).

Sin embargo, la afección en el empleo por territorios es una incógnita, ya que dependerá de la gente que se adscriba al proceso de voluntariedades. No obstante, en Aragón hay más de 170 personas mayores de 57 años, según datos de los sindicatos, una cifra que podría duplicarse si se incluyen los mayores de 55 años.

En las 140 oficinas que se cerrarán trabajan en estos momentos entre 400 y 500 personas. De ellas, la mitad serán reubicadas en un puesto de trabajo que no esté a más de 25 kilómetros y el resto, 200 como máximo, serán trasladadas con indemnizaciones que pueden superar los 50.000 euros.

En el caso de que no acepten el traslado, un máximo de 90 trabajadores percibirán una indemnización por despido, hasta 5 veces más de lo que marca la reforma laboral, según señalaron fuentes sindicales.