El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2005, los primeros de la legislatura socialista, que incluye una subida del 2% de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco, en igual proporción a la inflación prevista. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, explicó ayer que el Gobierno ha optado por no subir el 2% el impuesto sobre carburantes para no agravar el encarecimiento de los mismos.

De cara a lograr una mayor financiación para la sanidad, que gestionan las comunidades autónomas, Solbes reconoció ayer, por primera vez, que una subida adicional (más allá del 2%) de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco "tiene sentido". El vicepresidente no precisó si esta subida adicional debería producirse sobre el impuesto estatal o si, por el contrario, se cederá capacidad a las autonomías para que puedan subir estos tributos en cada uno de sus territorios. En todo caso, situó la posible subida "dentro de un debate más general (sobre sanidad), en su momento".

Una subida de cualquier impuesto más allá de la actualización de la inflación no es posible en un proyecto de ley de presupuestos, explicó Solbes. El Gobierno aprobará el próximo viernes un decreto ley con subidas de algunas tasas, cuya tramitación parlamentaria será paralela a la de los presupuestos. Este decreto podría servir de vehículo para una eventual subida de impuestos especiales por encima de la inflación.

DEFLACTACION A MEDIAS De momento, el incremento del 2% en los impuestos de alcohol y tabaco, según la inflación prevista, permitirá recaudar alrededor de 200 millones de euros más (el 60% para el Estado; el 40% para las autonomías). Esta cantidad --"insignificante", según Solbes-- coincide prácticamente con el ahorro que tendrán los contribuyentes por la corrección de la inflación en el impuesto sobre la renta (IRPF) que, según explicó ayer el vicepresidente, será de 175 millones. Lo comido, pues, por lo servido.

El Gobierno ha optado por una fórmula descafeinada de corregir la inflación en el IRPF (lo que se conoce como deflactación del impuesto) que permite cumplir este compromiso electoral del PSOE con un coste recaudatorio mínimo. El Gobierno sólo deflactará la tarifa del impuesto, para evitar que un contribuyente tenga que pagar más en la declaración de la renta por el simple hecho de que su sueldo suba lo mismo que la inflación para conservar su capacidad adquisitiva.

Sin embargo, las deducciones y el mínimo personal y familiar no subirán el 2%. El Gobierno ha aprobado, pues, una deflactación a medias, capaz de satisfacer una de las exigencias de Izquierda Unida para apoyar los presupuestos, con un coste mínimo (175 millones). Se calcula que una deflactación completa del IRPF (tarifa y deducciones) costaría unos 1.000 millones.

El Gobierno necesita el apoyo de todos los grupos políticos --salvo el PP-- para lograr sacar adelante el proyecto de presupuestos en el Congreso y el Senado. El vicepresidente Solbes admitió ayer "dificultades" para lograr el apoyo de los diferentes grupos. "Pero también veo buena disposición y margen suficiente para llegar a un acuerdo", añadió optimista. Todo ello, "consciente de que no se tiene la mayoría hasta que no se tiene el voto".

En el Congreso, el apoyo imprescindible de ERC e IU-ICV parece asegurado. En el Senado, es imprescindible el apoyo del PNV.