Las compañías de gas dejarán de recaudar en el próximo recibo la parte que corresponde a la indemnización por el almacén Castor, invalidada por el Tribunal Constitucional en una sentencia del pasado 22 de diciembre. Esta suma, una media de unos dos euros de media a lo largo de 30 años, ya no constará como tal en los peajes incluídos en la factura por orden del Ministerio de Energía, según han confirmado fuentes del sector.
Pero no habrá ventajas para los 7,8 millones de usuarios de gas, al menos inmediatas. En la factura no notarán de forma rápida ningún cambio porque, según la ley, los peajes no se pueden reducir hasta suprimir el déficit del sistema gasista, que suma unos 1.000 millones a liquidar en 15 años. Esa carga proviene del periodo 2004-2014, durante el cual se vivió un boom en la construcción de ciclos combinados (centrales que queman gas) que se vio afectado por la crisis y el desplome del consumo.
En todo caso, la desaparición de la hipoteca del Castor supondrá menos carga para el sistema. «En la medida en que el desfase anual sea cada vez menor o que haya superávit, antes de eliminará el déficit total y antes se podrá repercutir a la baja en el recibo», según fuentes del sector.
De hecho, la indemnización, los intereses y los costes de mantenimiento de la instalación del almacenamiento de gas ya cerrada, elevaron el déficit del conjunto del sistema, que pagan todos los usuarios. En el 2015, la diferencia entre los costes y la tarifa reconocida fue negativa en 27 millones, mientras que en el 2016, una vez incluido del Castor, el déficit se disparó hasta 90 millones y el año pasado, hasta 120 millones. Para el 2018, Energía había previsto un superávit de 18 millones, que aún será mayor, gracias a eliminar la hipoteca del almacén.
En el sector se considera que la supresión de la carga del Castor del sistema hace innecesario el recorte en la retribución de la distribución de gas que tiene previsto introducir el ministerio de Energía. La decisión de suprimir la indemnización de Castor del recibo se produce después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidiera paralizar la liquidación de noviembre de los 6,7 millones por este concepto cuyos derechos de cobro están en manos del Banco Santander, Bankia y CaixaBank (80,4 millones al año).
La luz se abarata en enero
Eso suponía que los titulares de esos derechos de cobro (los bancos) dejan de ser «sujetos del sistema de liquidaciones». Todos los meses, la CNMC, en su papel de regulador, redistribuye el dinero que recaudan los distribuidores y transportistas de gas y electricidad (actividades reguladas) entre los distintos agentes que tienen derechos de cobro. Ahora se tendrá que decidir si es el ministerio de Energía o la CNMC quien reclame a los bancos las cantidades pagadas por este concepto desde enero del 2016, más de 150 millones. Y por otra, los bancos reclamarán los derechos de cobro que se les adjudicaron.
La noticia sobre el almacén Castor se conoció el mismo día que se supo que la factura de la luz bajó un 4,94% en enero con respecto a diciembre para un consumidor medio acogido a la tarifa regulada.
