Seguramente, a un melómano le indignaría que, cada vez que escucha música en su casa, la Sociedad General de Autores le cobrara por los derechos de esas canciones, cuando ya pagó el canon al comprar el cedé. Pues según la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), ese mismo sentimiento de impotencia y malestar es el que tienen los trabajadores del campo, a quienes la ley obliga a abonar un royalty a los obtentores de semillas siempre que siembran la variedad al comenzar una campaña, y no solo la primera vez que la emplearon tras adquirirla.
Aunque el reglamento europeo que impone esta condición se publicó en 1994, su cumplimiento ha estado congelado hasta el año pasado, después de que las Cooperativas Agroalimentarias recurriese una y otra vez en todos los estamentos judiciales y, en última instancia, el Tribunal Europeo dictase sentencia --solo están exentos los considerados pequeños agriclutores, es decir, quienes trabajan una superficie inferior a la necesaria para producir 92 toneladas de cereales--. Pero ¿cómo sabe Gestlive (Gestora de Licencias Vegetales), la asociación que reúne a los productores de simientes protegidas, qué especies, variedades y cantidades cultiva cada agricultor? A través de las empresas acondicionadoras de grano, en su mayoría cooperativas, que se encargan de la limpieza y selección para poder realizar la próxima siembra en óptimas condiciones de trazabilidad, calidad y seguridad.
Desde las Cooperativas Agroalimentarias reconocen que el verano pasado se firmó un acuerdo con Gestlive para "colaborar" en beneficio de todo el sector. "Se decidió no prolongar más una situación en la que las principales perjudicadas eran las cooperativas, acorraladas entre la obligación legal de proporcionar esos datos y el deber de vigilar los intereses de sus socios", argumentan fuentes jurídicas de la federación agraria. Así, incorporaron el cobro de la retribución por reempleo al pago por el servicio de acondicionamiento, repercutiéndolo luego a los obtentores. "España, con el 20%, es el país con menor uso de semilla certificada. En otros no se ve al obtentor como un enemigo, porque ofrece herramientas modernas que mejoran el sector. Hay que apostar por que las cooperativas investiguen e innoven para entrar en la cadena de valor y que repercuta al agricultor", explican.
Cartas "amenazadoras"
Hace un par de semanas, varios agricultores recibieron una carta de Gestlive, solicitando información relativa al acondicionamiento de variedades protegidas y avisando de que, en caso contrario, se procedería a presentar una denuncia por la vía penal. Roberto Sanz, miembro de la Comisión Ejecutiva de (UAGA), insiste en que "nadie pague, de ninguna manera", y ofrece los servicios jurídicos de la organización a los afectados. "Pretenden que les estemos pagando eternamente", critica. Sanz destaca que solo el 20% de las variedades que se cultivan en la comunidad está libre de derechos. "En Aragón hay 600.000 hectáreas sembradas en secano, por lo que el canon sería de dos millones de euros, y en toda España, unos 25 millones", denuncia.
