Cables pelados, enchufes parcheados o anticuados... Los fabricantes de material eléctrico, los instaladores e industrias vinculadas estiman que alrededor de dos tercios de las viviendas (unos 15 millones) requieren reformas en sus instalaciones por motivos de seguridad y de eficiencia energética. Creen que el Gobierno debe estimular actuaciones, como lo ha hecho con las fachadas de edificios o se hace con las revisiones periódicas del gas.

El sector calcula que todo ello generaría una actividad de unos 40.000 millones para unas 26.000 empresas (más de 20.000 pequeños instaladores) y más de 180.000 empleos afectados por el desplome de la construcción. Estas empresas, integradas desde el 2003 en la Plataforma para la Rehabilitación de las Instalaciones Eléctricas (Prie), entienden que las Administraciones deberían apoyarles, como lo hacen con el automóvil. Y no solo por una cuestión de seguridad sino porque se podrían ahorrar unos 2.400 millones en la factura anual de los hogares, a partir de unas cifras que maneja el ministerio de Medio Ambiente que incluyen pequeñas medidas de eficiencia, dice Enrique Valer, director general de Schneider Electric Ibérica y presidente de la comisión de mercado de la patronal de material eléctrico (AFME).

DE 1.000 A 4.000 EUROS De los 15 millones de viviendas que requerirían revisiones y reformas de instalaciones, alrededor de siete millones son inseguras pero en un grado menor y su problemática se podría solventar con una inversión media de unos 1.000 euros. Otros ocho millones son viviendas "muy inseguras" y requerirían actuaciones por un valor medio de 3.500 a 4.000 euros.

Un portavoz de Fenie, que agrupa a más de 15.000 empresas dedicadas a la instalación en España, recuerda que se producen unos 7.000 incendios por causas eléctricas y, en cambio, "no existe la percepción de que sea necesario revisar las instalaciones eléctricas, ni tampoco la obligatoriedad como con la ITV de los coches o las revisiones del gas".

PEQUEÑAS AYUDAS En la actualidad, todas las autonomías, con la excepción de Canarias cuentan con subvenciones de este tipo. Pero son sumas muy pequeñas que cubren una parte poco significativa de la inversión necesaria, recuerdan en Fenie. "Las Administraciones son reacias a establecer revisiones obligatorias y medidas que tienen un coste para el ciudadano", reconocen. Valer explica que, tras constatar que el argumento de la seguridad calaba poco, el sector optó por poner el acento en la eficiencia.

La plataforma que defiende un plan o medidas específicas para estimular la revisión y reformas de las instalaciones eléctricas no incluye solo a los fabricantes de material eléctrico (AFME) o los instaladores (Fenie), sino a los distribuidores de material eléctrico (Adime), los productores de cobre (Cedic) y los de cables (Facel). Fenie admite que sus propuestas van dirigidas a combinar la mejora de la seguridad en los hogares y la eficiencia energética, pero también a aumentar la actividad de una industria que factura 30.000 millones y que sufrió una caída del 30% el año pasado.