La defensa de la cúpula directiva de Vítrex ratificó ayer en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza un informe que sostiene que la empresa cerró por los efectos de la crisis económica y la competencia de empresas chinas, que abocaron al cierre a una sólida empresa aragonesa y dejó en la calle a más de 100 trabajadores.
Con la ratificación se cierra --a falta de algunos flecos-- la instrucción de la causa penal por la despatrimonialización de la empresa, en la que 99 extrabajadores, representados por el letrado Miguel Lanaspa, acusan a los dirigentes de haber vaciado la sociedad, con la creación de una nueva, y haber beneficiado así al grupo empresarial catalán Rayen a costa del cierre de la fábrica zaragozana. Ahora será el juez quien decidirá si el caso se archiva o si llega a juicio.
Los trabajadores imputan delitos de insolvencia punible, falsedad contable, delito societario, disposición fraudulenta de bienes y contra los derechos de los trabajadores a los dueños de la empresa, Ramón Casajuana Pagés e Ivo Casajuana Lidhorts; al gerente del Grupo Rayen, Juan O. G.; el director financiero, Jesús M. H. y el abogado Juan P. B.. La rama social del cierre ya está cerrada.
Según consideran los trabajadores, la empresa creó una filial, Vítrex Menaje, sin trabajadores, a la que se vendía la producción a precio de coste para que a su vez la revendiera a precio de mercado. Con estos beneficios, la filial habría sufragado obras para el grupo --como una nave logística-- o compras para los propietarios. Los dueños sostienen que fue la falta de encargos lo que redujo el capital de Vítrex, que el dueño compró en el 2001.
La empresa entró en concurso de acreedores, que fue declarado no culpable, en el 2009, y terminó por cerrar.
