Los inmigrantes en Aragón son quienes acceden a trabajos en peores condiciones y salarios, ya que su sueldo medio es un 54 % más bajo que el de un aragonés y por tanto tienen mayor riesgo de exclusión y pobreza, lo que demuestra que aunque su entrada en España fue de carácter laboral, no "vinieron a competir" por el empleo.

Así lo ha señalado el secretario general de CC.OO Aragón, Manuel Pina, con motivo del informe "La población inmigrante en Aragón 2016", que ha presentado en rueda de prensa junto con la secretaria Confederal de Empleo y Cualificación Profesional, Lola Santillana, y la secretaria de Diálogo y Cohesión Social, Marta Arjol.

La llegada de la inmigración a principios de este siglo, antes de la crisis, supuso además de un aumento demográfico, una entrada de 80.000 millones de euros al fondo de reserva de las pensiones con la que, ha recordado Pina, "nadie contaba".

Pero pese a que los inmigrantes que han quedado en España son una población asentada, siguen concentrando los trabajos de sectores como la hostelería, agricultura o el servicio doméstico.

Los sectores, ha apuntado Arjol, con los salarios más bajos, de peores condiciones y mayor inestabilidad, lo que limita su acceso a la protección social y hace que su riesgo de exclusión social sea más elevado.

Durante los años de la crisis, España ha perdido un 21 % de inmigrantes y un 23 % Aragón, comunidad donde este colectivo representaba el año pasado el 10 % de la población total y de los cuales, el 46,74 % procedía de países de la UE.

El 14,27 % era población activa y la población ocupada representaba el 12,08 % del total, mientras que el porcentaje de parados se situaba en el 20,42 % frente al 79,50 % de España.

Por sectores, el porcentaje de paro en la población inmigrante se concentra en el sector servicios (48,9 %), seguido de la agricultura (17,3), los de sin empleo anterior (13,75 %) y construcción (12,9 %).

Según el nivel de formación, el 58 % del total de parados extranjeros tenía un nivel de Educación Primaria o inferior, mientras que con la primera etapa de ESO suponían el 35,37 %, el 3,37 % con formación a nivel de Bachillerato, el 1,31 FP y del 1,62 con enseñanzas universitarias.

En este sentido, el informe incide en el reto que supone la política educativa porque un bajo nivel de estudios reduce las oportunidades efectivas de inserción en el mercado de trabajo.

En cuanto a la contratación, el pasado año se registró un incremento del 11,36 %. El 63,58 % los suscribieron hombres y un 36,42 % mujeres, si bien el 92,20 % del total fueron temporales.

El sector que más contratos firmó con extranjeros fue el de servicios, con un 46,88 %, seguido de agricultura (38,20 %), la industria (9,31 %) y la construcción (5,61 %).

Respecto a los salarios, mientras el sueldo medio de un aragonés era de 20.401 euros, el de un extranjero se situaba en 9.313, lo que supone un 54,35 % menos.

Bajos sueldos que, a juicio de CC.OO, pueden ser un indicativo de la participación de los inmigrantes en la economía sumergida, lo que determina condiciones precarias de su trabajo y la no cotización a la Seguridad Social.

El informe pone en evidencia, a juicio de Lola Santillana, la necesidad de que el Gobierno asuma su responsabilidad con estas personas para favorecer su inserción en el mercado laboral, pero también, como ha apuntado el secretario general, un incremento de las inspecciones de trabajo para hacer frente a la economía sumergida que impide a estos trabajadores acceder a las prestaciones.

Desde CC.OO también reclaman una renta mínima garantizada para las personas que no tienen ningún tipo de ingreso, que en España se sitúan en 1,5 millones.

Santillana ha abogado asimismo por acabar con los "mensajes racistas, que no se corresponden con la realidad", puesto que el acceso al sistema de protección está en función de la situación económica, no de la nacionalidad.