La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) presentó ayer un documento con una propuesta de estatuto de la Agencia Tributaria (AEAT) con medidas que, a su juicio, deberían permitir una lucha más eficaz contra el fraude y garantizar la independencia política y funcional del organismo recaudatorio de impuestos.

Entre las propuestas más novedosas se incluye la de que se permita al colectivo realizar determinadas actuaciones de incógnito y abonar pagos a confidentes para obtener informaciones que permitan aflorar fraude o la compra de datos tributarios. Para ello, según el presidente y el secretario general de IHE, Ransés Pérez Boga y Francisco Vázquez, debería articularse una especie de fondo reservado, similar al que está a disposición del Ministerio de Interior.

Pérez Boga y Vázquez participaron ayer en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en el que han presentaron las líneas maestras que, a su juicio, debería incluir el futuro estatuto de la AEAT en el que ya está trabajando el Ministerio de Hacienda. La organización IHE teme que el Gobierno retrase al 2016 la aplicación del citado estatuto.

AGENCIA ÚNICA La reforma más profunda que plantean es la creación de "una Agencia tributaria única en red", en la que se integraría la información de todas las administraciones tributarias de Estado y autonomías, incluso de ayuntamientos, sin perjuicio de que las competencias territoriales se mantengan o incluso vayan a más. "Nuestro modelo puede servir tanto para un Estado unitario como federal, a través de un sistema de red, para que cada uno se integre ahí como prefiera a través de una encomienda de gestión. No se va a integrar la administración, ni entramos en una cuestión de reparto de competencias", precisó Pérez Boga. Según dijo, el modelo sería perfectamente compatible con la existencia de una agencia tributaria en Cataluña, en el caso de lograrse avanzar el proceso soberanista.

La organización IHE reclama que se dote a la Agencia Tributaria de nuevas facultades legales para mejorar la lucha contra el fraude, entre las que también incluyeron recuperar las competencias de control sobre las Sicav o establecer la lucha contra la corrupción como una línea de actuación preferente del Plan de Control Tributario.

También defiende la publicación de la anunciada lista de morosos y defraudadores para contribuyentes que hayan recibido una sentencia firme por delito fiscal, acumulen sanciones administrativas por encima de 100.000 euros, o tengan pendiente de cobro deudas en vía ejecutiva por encima de 100.000 euros que no hayan sido aplazadas o suspendidas por la AEAT.