La organización Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha planteado este miércoles la necesidad de una reforma del delito fiscal que, entre otras cuestiones, conlleve elevar de 120.000 a 600.000 euros el límite de fraude para incurrir en delito fiscal a cambio de endurecer las sanciones y garantizar el ingreso inmediato en prisión en caso de sentencia condenatoria aún en el caso de no contar con antecedentes penales o de haber reparado el daño causado.
La propuesta forma parte de un amplio documento de más de 300 páginas, 14 capítulos y más de 200 medidas que, según sus autores, permitiría recortar el fraude fiscal "en los 4 ó 5 puntos de PIB que nos diferencian de Europa". El presidente de IHE, Julio Ramsés Pérez Boga, ha explicado que el documento ha sido remitido al ministro de Hacienda, Cristóbal Monotoro, para su toma en consideración de cara a la reforma fiscal que ultima el Gobierno.
Entre las medidas más novedosas que plantean los inspectores se incluye abrir un debate sobre la legalización de actividades como la prostitución y el tráfico de drogas blandas. Algunas estimaciones cifran en 6.000 millones la recaudación fiscal adicional que podría reportar legalizar la actividad de los clubes de alterne.
Otras propuestas plantean permitir el pago a confidentes y las actuaciones de incógnito para reprimir deteminados tipos de fraude, así como eliminar los billetes de alta denominación, generalizar los pagos con tarjeta, suprimir el régimen de módulos o publicar un censo de morosos en los pagos a Hacienda.
Los inspectores defienden, además, una administración tributaria única en red que integre en un solo sistema informático la estatal, autonómicas y locales. La organización IHE plantea que el Estado recupere la gestión de impuestos cedidos a otras administraciones.
