Las grandes marcas de ropa españolas han aumentado la presión sobre las fábricas de países emergentes, lo que ha provocado el trabajo a destajo y rebajas en los precios de hasta el 40%, según un informe de Intermón Oxfam presentado ayer.

La ONG da un suspenso a los cuatro grupos textiles más importantes de España (Inditex, Mango, Cortefiel e Induyco, proveedor de El Corte Inglés), aunque reconoce que algunos de ellos han mejorado su nivel de responsabilidad social. Así, Inditex matizó que exige unas condiciones mínimas a fábricas y a talleres subcontratados. Cuando se detecta un incumplimiento intenta subsanarlo y sólo en última instancia se retiran los pedidos a esa empresa de confección. El director general de Intermón Oxfam, Ignasi Carreras, indicó que "las grandes marcas concentran gran poder y exprimen a los trabajadores en el final de la cadena --en su mayoría mujeres--".

En uno de los ejemplos que incluye la investigación, el precio que pagaba una cadena de grandes almacenes española por un pantalón confeccionado en Tánger ha bajado de 3,30 euros a 2 euros en tres años.

Además de presionar sobre los precios, los clientes españoles exigen cada vez unos plazos de entrega más cortos. Hace tres años, las fábricas marroquís disponían de hasta tres meses para servir pedidos, pero ahora han de responder en un máximo de 30 días y, en algunos casos, en sólo cinco días. El gerente de una fábrica de Tánger afirma que "hace tres años un pedido estándar podía ser de un mes. Ahora el camión llega un martes y el sábado tiene que volver con las prendas a España".

INCUMPLIMIENTOS La presión provoca un incumplimiento de la regulación de las condiciones de trabajo en el sector textil de Marruecos, que cuenta con unas 2.000 empresas. Los empleados, que en un 69% son mujeres, trabajan de 12 a 13 horas diarias en temporada alta e incluso 16 horas al día.

La presión por reducir los costes se incrementa en los talleres subcontratados, que pueden cobrar un 40% menos que la fábrica por confeccionar una falda, que se vende a un precio de 1,43 euros, gracias a unos costes laborales un 30% inferiores.

Entre los aspectos más criticados por Intermón está la ausencia de contratos estables entre marcas españolas y proveedores, que dificulta la inversión. El informe reconoce que la adopción de un código ético es un avance, pero insuficiente.