La desaceleración que dejan entrever ciertos indicadores no se plasmó en el mes de septiembre a la inflación y es que el Indicador de Precios del Consumo (IPC) cerró el mes con un crecimiento interanual del 2,2%. Una cifra que se mantuvo constante, según registra el Instituto Nacional de Estadística (INE), en julio y agosto y acumula cinco meses consecutivos por encima de los dos puntos. La inflación en España no se mantenía por encima del 2% durante tantos meses consecutivos desde enero del 2017, cuando encadenó cuatro meses entre el 3% y el 2,6%. En comparativa de septiembre con agosto, el IPC creció al 0,2%.
El aumento de los precios de la electricidad es uno de los grandes responsables del mantenimiento de esa inflación al 2,2%, según reconoce el propio INE en su reporte mensual. Los titulares con las palabras «un nuevo máximo anual» se han repetido varias veces este septiembre, viniendo de un agosto donde ya se registraron cifras récord. La casualidad ha querido que el mismo viernes que el INE ha hecho públicos los datos del IPC de septiembre, el precio de la luz alcanzara los 75,92 MWh, solo 0,01 céntimos de euro menos que el máximo del año al que se llegó el pasado miércoles 19 de septiembre cuando se alcanzaron los 75,93 euros MWh.
La baja aportación este mes de las energías renovables, especialmente de la eólica, unido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y del gas, derivado en este caso del alza del crudo, son las principales causas que explican que se mantenga la tendencia alcista en el precio mayorista de la luz.
Si la inflación no ha escalado más posiciones ha sido por el efecto lastre que han jugado los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que han permanecido estables este mes, en comparación al incremento que experimentaron en el pasado septiembre del 2017.
Al ser los de este viernes los datos del IPC adelantado, el INE no explicita la evolución concreta de los diferentes productos por separado.
Que el IPC se mantenga por quinto mes consecutivo por encima del 2% tiene particularmente en tensión a sindicatos y pensionistas. Sobre todo después de los últimos acuerdos y las cifras rubricadas recientemente. Los jubilados protagonizan estos días una ofensiva contra el Gobierno para acabar de atar de manera vinculante las pensiones al IPC y los sindicatos van a tener que apretar a las empresas para pactar convenios que les permitan ganar poder adquisitivo, con la pujante inflación acuciándoles a su vez a ellos.
Una de las últimas medidas anunciadas por el entonces presidente Mariano Rajoy que le permitió desbloquear unos presupuestos que, en aquel momento, parecían permitirle tirar adelante la legislatura, fue el incremento de las pensiones al 1,95%. Pactada con el PNV, dicha medida fue una de las herencias que aceptó el nuevo inquilino de la Moncloa, Pedro Sánchez, y que está intentando aprobar en el presupuesto.
Si bien es cierto que, en el cómputo global del año, es difícil que la inflación acabe cerrando por encima del 2%, las persistentes cifras de los últimos cinco meses por encima de dicha cifra no invitan tampoco al optimismo. Por ello los sindicatos y los pensionistas están apretando estos días para que la recomendación que salió esta semana de la mesa del Pacto de Toledo -vincular las pensiones al IPC «real»- vaya más allá de lo orientativo y se torne en vinculante. «El Gobierno tiene un instrumento para ello que se llama decreto ley», afirma la secretaria de política sindical de UG, Nuria Gilgado.
PENDIENTES DEL IPC
La inflación aprieta, pues, para los jubilados y para los que cotizan esperando jubilarse algún día. Este verano, tras meses de negociaciones y amenazas de huelga general mediante, organizaciones patronales y sindicatos sellaron el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
En dicho acuerdo pactaron que los nuevos convenios firmados hasta el 2020 -inclusive- debían contener unos incrementos como mínimo del 2% y con un 1% variable dependiendo de la productividad. Que el IPC no deje de registrar cifras por encima del mínimo pactado dificulta uno de los objetivos de los sindicatos: que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido desde el estallido de la crisis.
«Pactar incrementos más cerca del 3% que del 2%, sobre todo en aquellos sectores que llevan registrando beneficios récord, es algo urgente. De todos modos, si la inflación sigue creciendo exigiremos aplicar la cláusula de revisión salarial», afirma la secretaria de acción sindical de CCOO, Cristina Torre.
Esta cláusula consiste en un compromiso por escrito en el AENC, no vinculante, que abre la puerta a negociar al alza los incrementos si el IPC es muy elevado. No obstante, ello depende de cada mesa de negociación donde sindicatos y empresas negocien un nuevo convenio. «Si los indicios de desaceleración sirven de excusa a las patronales para no subir los salarios según lo acordado, la conflictividad laboral aumentará en los próximos meses», avisan los dirigentes sindicales.
