A fecha de hoy son unas 250 industrias, con tendencia a aumentar, las que han solicitado créditos avalados por el Estado, fórmula lanzada con uno de los últimos decretos del gobierno sobre las consecuencias económicas de la pandemia.

El dinero que el gobierno ha puesto sobre la mesa son 200.000 millones de euros, de los que se estima que "al menos un 5%" no sería devuelto, lo que constituiría una pérdida para el Estado y que, indirectamente, iría a cargo de la fiscalidad general, es decir de todos los contribuyentes. Una tercera parte de los 200.000 millones está destinado a las pymes.

Una de las clausulas prevé que el Estado "pueda entrar" en la dirección de la empresa beneficiaria "mientras no se devuelva el crédito", plazo que está en fase de definición, aunque se da por hecho que podría durar hasta los 10 años.

La lista preliminar hecha pública comprende, entre otras, FCA (Fiat), el coloso Fincantieri, Costa Crociere, Autogrill, Aeropuertos de Roma (ADR), Rinascente, OVS, Safilo, Unieuro, Api, Maire Tecnimont, Kos, Sogefi, Alpitour, etc. Se trata de lo que algunos han llamado "la aristocracia industrial italiana".

Alitalia, actualmente intervenida, constituye un caso aparte, porque ha sido rescatada inutilmente ya tres veces, y para salvarla de nuevo, el gobierno se propone su re-nacionalización, con 3.350 millones de euros, entrando en la gestión de la misma para posteriormente venderla. Lufthansa, que ya controla Air Dolomiti (con vuelos desde el norte de Italia a Munich), podría ser la candidata, aunque pretendería que, antes, pasara por una cura adelgazante de entre 2.000 y 4.000 empleados, que acabarían en una "newco" (empresa puente), que en realidad sería una "bad company".

Se estima que los intereses finales que pagarían las industrias que utilizasen este tipo de préstamos se situaría entre el 2% y el 3% anual, contra las cuotas bancarias de entre el 5% y el 10% de antes de la pandemia. Para facilitar las garantías el Tesoro ha rebajado su comisión al 0,50%. Al final, el crédito saldría a las industrias por mitad del precio de antes.

Otro aspecto que en parte ya comprende el decreto y en parte aún se está negociando con los sindicatos y la patronal (Confindustria) son las condiciones laborales de dichos créditos. La orientación de todos es que el dinero prestado "sea invertido en Italia", principalmente en sostén a la ocupación e innovación, lo que excluye sucesivas deslocalizaciones. Otra clausula consecuente es que la industria no tenga su sede fiscal fuera de Italia, además de la "recomendación" de no repartir dividendos a los accionistas durante el 2020.

Fiat-Chrysler

Estas últimas condiciones afectan directamente a FCA (Fiat-Chrysler), con previsiones de fusión (50%) con Peugeot (PSA), cuya sede legal está en Londres y la fiscal en Holanda. FCA, con un millón de empleados entre directos e industrias auxiliares, ha solicitado un crédito avalado (80%) por el Estado por 6.300 millones de euros. La fusión con PSA en 2021 permitirá el reparto de un dividendo de 5.500 millones de euros, "esculpidos en la piedra", según John Elkan, presidente de Exor, grupo de control de FCA.

"No podemos permitirnos que, frente a un apoyo público, haya deslocalizaciones y pérdidas de puestos de trabajo en el momento que se distribuyen dividendos", ha declarado Giuseppe Provenzano, ministro para el Sur. Maurizio Landini, secretario de CGIL, primer sindicato del país y análogo a CCOO, se ha manifestado favorable a que "el Estado entre en la industria y que los dividendos esperen".

De su parte, Carlo Bonomi, neopresidente de la patronal, se opone al ingreso del Estado en las industrias. "Es un peligro que el Estado se amplíe cada vez más y vuelva ser gestor de la economía", ha dicho, citando a Luigi Einaudi, segundo presidente de la República italiana (1948-1955): "Que se hundiera el Imperio romano no dependió tanto de los bárbaros como de que el Imperio ya estaba podrido por sí mismo".