Tras recuperarse de dos décadas de crecimientos anémicos y recesiones, la economía japonesa está inmersa en su prueba más dura: la debatida subida del impuesto sobre el consumo (IVA) del 5% al 8% --ya en vigor--, la primera en 17 años, que alcanzará el 10 % en octubre del 2015. La reacción medirá la fortaleza de las Abenomics, la agresiva fórmula del primer ministro, Shinzo Abe, basada en tres ejes: la política fiscal expansiva, la relajación de la política monetaria para subir la inflación y reducir los tipos de interés, y las reformas estructurales necesarias de un patrón productivo caduco.

El cuadro global es positivo, con un crecimiento económico del 1,6% el pasado año. Pero las exportaciones, los salarios y la inversión empresarial han registrado aumentos más tímidos de los previstos. Se plantea, pues, si la recuperación es suficientemente sólida como para aguantar la subida de los impuestos al consumo.

Tokio la ha defendido contra viento y marea esgrimiendo la necesidad de enjugar la elefantiásica deuda pública del 230% de su PIB, la mayor de los países industrializados. En juego está la supervivencia del sistema de pensiones, que supone un coste crecientemente inasumible por el envejecimiento de su población. El 20% de los japoneses es mayor de 65 años y el porcentaje se doblará en el 2060 si continúa la tendencia. Los trabajadores y las empresas ya soportan un gran peso en su manutención, así que la subida de impuestos al conjunto de la población, ancianos incluidos, le parece a Tokio la medida más apropiada.

Izumi Devalier, economista del HSBC, no espera recesiones sino un recorte del crecimiento anual hasta el 1%. "Afectará al consumo privado, que ha sido clave en la recuperación. La subida del impuesto traerá precios más altos que afectarán al poder adquisitivo. Para que el consumo se mantenga, los salarios tendrán que subir más significativamente", afirma.

Los contrarios a la subida sostienen que los efectos sobre el consumo privado arruinarán la recuperación y recuerdan la última experiencia. En 1997, la subida del 3% al 5% desembocó en una recesión que provocó la dimisión del Gobierno de Ryutaro Hashimoto al año siguiente. Tokio defiende que aquella crisis fue acentuada por factores externos como la crisis de los mercados asiáticos y ya ha previsto medidas de estímulo del consumo. Abe, a diferencia de Hashimoto, cuenta con un amplio respaldo popular. Una encuesta reciente del diario Yomiuri Shimbun daba a su Gabinete el 59% de aprobación.

Compras avanzadas

Los efectos, por ahora, abonan el optimismo. La producción industrial creció el pasado enero al 4%, el mayor ritmo de los últimos dos años, y las ventas se han disparado porque los consumidores se han adelantado a la entrada en vigor de la ley. Las compras de electrodomésticos han batido los récords de la década y las de los coches han subido un 30%. Los expertos subrayan la temporalidad del repunte. Shigeki Sakurai, director de la Asociación de Distribuidores de Automóviles Japoneses, ha advertido del inminente freno en las órdenes de compras y pronosticado que bajarán un 10% este año.

Difícilmente puede España extrapolar los resultados de Japón. La tasa de desempleo nipona se mantiene en el 3,7%, el mínimo en seis años. .