Como profesional y académico argumento la necesidad de implantar en las empresas sistemas retributivos eficientes y flexibles que combinen la parte económica (fija, variable y en especie) con la que no lo es (tiempo de trabajo, flexibilidad, formación, plan de carrera), de manera que pueda hacerse compatible la sostenibilidad de las empresas y el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.

Uno repite hasta la saciedad que los sistemas retributivos deben mantener la equidad interna, es decir, que cada puesto de trabajo se remunere en función de lo que aporta a la empresa. Que han de ser competitivos externamente, es decir, que estén por lo menos en la media del mercado. Y que a cada persona se le premie cuando trabaje bien con un mayor incremento salarial o que se le retribuya por la consecución de objetivos.

Sigo criticando, en el ámbito académico y también fuera del mismo, las fórmulas salariales que premian a los directivos por asumir imprudentes riesgos que ponen en peligro a sus propias empresas e incluso el sistema económico mundial, así como las malas prácticas en los casos de stock options fraudulentas o indemnizaciones desorbitadas en contratos blindados. Sin embargo, uno se topa ahora con una nueva fechoría de los corruptos. Me refiero a las tarjetas black, opacas o como se les quiera llamar. En este caso en Bankia, en el sector de las cajas, ámbito de demasiados y frecuentes desmanes. Y uno se cansa de ver tanta corrupción amontonada. No estamos hablando de una tarjeta dedicada a gastos de representación, porque para eso ya tenían otra, sino de una adicional, sin límite de disposición, para gastar en lo que al poseedor le parezca y sin tener que justificar ni dar cuentas a nadie.

Y uno se pregunta, ¿Qué lógica o propósito empresarial inspiraba este tipo de tarjetas? ¿A qué política salarial respondía? ¿Acaso las retribuciones de sus titulares no eran suficientes? La finalidad ¿era pagar menos impuestos?, ¿pura codicia? ¿O simplemente se trataba de transgredir la norma o la moral por el placer de hacerlo? ¿Quizás el propósito era reírse de la mayoría de nosotros, mientras con los impuestos de todos se rescataba a la entidad?

Salvo sociólogos o psicólogos dedicados a buscar explicaciones a estos comportamientos, no creo que los demás, y menos los que llevamos tiempo dedicados profesionalmente al tema, debamos perder demasiado tiempo en ello. Lo importante es que el conocimiento de tanta corrupción que, afortunadamente, se va destapando de un tiempo a esta parte, vaya directa al Ministerio Fiscal.

Es probable que este asunto de las tarjetas black no reúna los elementos de tipificación delictiva incluida en el Código Penal, pero confío en que si los llega a reunir, o cuando los reúna cualquier otro asunto de corrupción, quien actúe sea la Fiscalía. Eduardo Torres Dulce, además de ser el actual fiscal general del Estado, es un crítico cinematográfico y gran admirador de la obra de John Ford, sobre la que ha escrito un libro. Hasta que se demuestre lo contrario, cualquier apasionado del legendario y magnífico cineasta americano merece mi confianza. Esperaremos acontecimientos.