El juez del 'caso Rato', Antonio Serrano-Arnal, ha archivado de forma provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos contra el exministro Rodrigo Rato al estimar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) basó su denuncia en "sospechas sin sustento".
En su auto, el magistrado se opone a seguir con las pesquisas instadas por la UCO, que en su último atestado alertó de que empresas privatizadas en la época de Rato como ministro (1996-2004) pagaron casi 83 millones por campañas de publicidad en medios, a través de sociedades presuntamente vinculadas a su familia.
El Instituto Armado ponía el foco sobre COR Comunicación, sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones).
Sobre el supuesto cohecho, dice el juez que "no existen indicios más allá de la sospecha" de que Rato tuviera la "exclusiva potestad" de nombrar a personas afines a él al frente de las empresas privatizadas ya que, en muchos casos, "estaban sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada" tanto en las compañías como en Consejo de Ministros.
