La denuncia que puso a comienzos de este año el último presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel ya tiene sus primeras consecuencias. Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, seis de los miembros de este órgano de gobierno durante el periodo 2009-2013 han sido imputados por presunta malversación de caudales públicos, administración desleal y delito societario por el juez que investiga posibles irregularidades en la gestión de este organismo agroalimentario. La investigación judicial sigue abierta y, según pudo saber este diario, a lo largo de esta semana serán llamados a declarar más personas relacionadas con la DO turolense.
El último en declarar ayer ante el titular del juzgado número 3 de Teruel que investiga este asunto fue Jerónimo Carceller Martín, vocal del CRDO y presidente de la Caja Rural de Teruel desde el pasado mes de julio. Los mismos delitos adjudica el juez a las otras cinco personas involucradas en este caso que desempeñaron, entre el 2009 y el 2013, cargos el Consejo Regulador. Son la entonces presidenta, María Pilar Martín Serrano; el expresidente Clemente Garcés Gambaro, y los vocales Salvador Campos Palomar, Miguel Ángel Blanco Hernández y Deborah Martínez Montero.
UN TRABAJO "ALTRUISTA" Pilar Martín fue presidenta del CRDO desde el 8 de julio del 2009 hasta el 3 de julio del 2013, y vicepresidenta de la sociedad Promorigen (sociedad constituida por el CRDO que tenía como finalidad la promoción de la denominación) del 3 de noviembre del 2009 hasta el 2013. Representaba a las firmas Turolense Ganadera, Agroalimentaria de Teruel y Pelbor.
Por su parte, Clemente Garcés fue presidente, consejero delegado y apoderado mancomunado de Promorigen en el periodo 2009-2013 y vicepresidente del consejo en ese mismo plazo de tiempo. "Tranquilo" pero también "cabreado y abochornado por lo que está pasando" en esta DO, Garcés aseguró a este diario que no ha cometido "ninguna malversación" ni ha visto "ninguna irregularidad", por lo que consideró su imputación "totalmente injusta". El exdirectivo de Portesa destacó, además, que su trabajo en el consejo fue "altruista", ya que no recibió sueldo ni dietas de ningún tipo. Asimismo, anunció su intención de "colaborar con la justicia" y dijo intuir que los próximos llamados a declarar, ya sea como imputados o como testigos, serán los otros seis miembros del consejo en el periodo investigado.
Finalmente, Salvador Campos Palomar (Porcino Teruel SA), Miguel Angel Blanco Hernández, presidente de Gasóleos Teruel, y Déborah Martínez (Tugasa) fueron vocales del Consejo Regulador desde el 8 de julio del 2009 hasta el 3 de julio del 2013.
"MODERADAMENTE ILUSIONADO" El origen de estas actuaciones judiciales se sitúa en una denuncia por supuestos delitos económicos y fraude en la certificación de Eugenio García Belenguer, elegido presidente de la DO en julio del 2013 y apartado del cargo seis meses después por el Gobierno de Aragón tras la dimisión de la mitad del consejo. Ayer no podía ocultar que estaba "moderadamente ilusionado" tras conocer las imputaciones --algo "esperado" por él-- y se preguntaba "dónde está ahora el consejero Modesto Lobón y su gestora, que decían que todo estaba bien". Al respecto, fuentes del departamento de Agricultura de la DGA declinaron pronunciarse "por respeto al proceso judicial que está en curso".
García Belenguer avisó de que "quedan varios pleitos pendientes" y consideró que Carceller "debería dimitir" porque la Caja Rural de Teruel aglutina el 30% del volumen bancario de la provincia.
