Un fallo judicial ha puesto en jaque a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), a tres empresas ubicadas en el polígono industrial de Tarazona y al ayuntamiento turiasonense, después de que un juez diese la razón a una vecina de este municipio en el litigio que mantiene por la propiedad de una parcela, incluída en la segunda fase de dicho polígono industrial.
El conflicto se remonta muchos años atrás, pero ha sido ahora cuando el Juzgado de primera instancia de Tarazona ha dictado una sentencia favorable a esta vecina, que reclama los terrenos donde han levantado sus naves tres empresas (Aragonesa de Componentes, Disminuídos Físicos de Aragón y Transportes y miniexcavacionese Luis Ramas).
El problema ha surgido a raíz del fallo, en el que se ordena la paralización de la segunda fase del polígono, que cuenta con una superficie de 290.000 metros cuadrados, a pesar de que el conflicto está localizado en unos 10.000 metros cuadrados, que es donde estas tres empresas han emprendido sus proyectos.
En este sentido, el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Tarazona, Jesús Pérez ha reconocido su preocupación, porque "algunas pymes del País Vasco y otras de la zona han mostrado un gran interés por instalarse en esta segunda fase del polígono", que ya está concluída. "Ahora podemos vender, pero no escriturar". Tanto es así que Luis Ramas, propietario de una de las empresas afectadas indica que incluso "se nos ha pedido que cambiemos los datos en el registro de la propiedad", con el fin de que la parcela se ponga a nombre de esta vecina de Tarazona.
Ramas destaca que "nosotros tenemos todo construído y ahora nos encontramos con esta situación", por lo que se mostró confiado en que esta vecina y el Sepes alcancen un acuerdo lo antes posible.
UN PROBLEMA TECNICO El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Tarazona afirma que el conflicto se originó en la década de los 80 por un error del Sepes a la hora de escriturar los terrenos. En este sentido, Pérez subraya que la única solución a este problema pasa por un acuerdo entre el propio Sepes y la vecina. De momento, la entidad pública ya ha realizado una oferta, ofreciéndole a la vecina por los terrenos el pago a precio de suelo industrial no urbanizable, aunque ésta reclama el abono a precio de suelo industrial urbanizado.
El concejal de Fomento del consistorio turiasonense se muestra confiado en que, finalmente, se alcanzará un acuerdo y se permitirá liberar la segunda fase de este polígono, porque "no entiendo que se tenga que paralizar toda la segunda fase cuando se podría bloquear sólo la parcela afectada".
Sin embargo, Luis Ramas, que tuvo que desembolsar unos 90.000 euros para hacerse con los terrenos, no tiene demasiadas esperanzas en una solución a corto plazo. El asunto, en el que están implicadas estas tres empresas se encuentra en manos de un mismo abogado. El propio concejal de Fomento ha ofrecido su apoyo a estos empresarios, con los que ya ha mantenido contactos.
