Aludesa, la sociedad laboral creada por la mayoría de los empleados de Inasa Foil y adjudicataria de la fábrica de Sabiñánigo, recibió ayer otra buena noticia. Tras las aclaraciones solicitadas por los 81 socios-trabajadores la pasada semana, el juzgado de lo Mercantil de Huesca aceptó ayer retrasar la fecha efectiva de la extinción de los contratos hasta el 8 de junio (en lugar del 20 de mayo), un punto "clave" ya que la paralización de la producción hubiera puesto en peligro la vuelta a la actividad.
Sin embargo, el juez, en contra de la petición de Aludesa, ha decidido mantener el precio de compra de Inasa en 3,8 millones de euros, un importe que era "una mera estimación" de lo que sumaban las indemnizaciones por despido cuando la plantilla presentó su oferta en julio del 2013. Ahora, esa cuantía ha disminuido porque solo van a recibir 20 días por año trabajado (unos 2,2 millones de euros).
Al menos, el juzgado aclaró ayer que Aludesa no deberá abonar en efectivo esos 2,2 millones y que bastará con liberar a Inasa de ese pago (con lo que ese dinero se dedicara a otros aspectos del concurso). Así las cosas, el miedo que asolaba a los 81 trabajadores se ha mitigado un poco: en vez de poner en cash 3,8 millones, deberán aportar 1,6. El plazo para realizar el pago concluye el 8 de junio.
A pesar de los cambios efectuados por el magistrado, la sociedad laboral recurrió ayer la adjudicación del juzgado y sigue reclamando que baste con compensar el crédito indemnizatorio actual. Aunque al final el juez no acepte este cambio, fuentes de la plantilla insisten en que "Inasa es de Aludesa y no hay vuelta atrás".
En los últimos meses, la sociedad ha ido recabando el apoyo de partidos, sindicatos e instituciones. El más reciente es el de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, que insiste en que su oferta "es la única que garantiza la continuidad de la planta y de los empleos".
