Las tres empresas del polígono de Tarazona sobre las que pesaba una orden de desalojo inminente no deberán abandonar sus terrenos, al menos, de momento. Así se recoge en el auto dictado por el magistrado del juzgado de primera instancia número 1 de Tarazona, en el que acuerda "dejar en suspenso" la ejecución provisional de la sentencia, que reconocía que los terrenos donde están ubicadas las tres sociedades (Aragonesa de Componentes Pasivos, Transportes y Miniexcavaciones Luis Ramas y Componentes y Manipulados Tarazona) son propiedad de Amparo Lacarta, vecina del municipio turiasonense.

En concreto, el juez argumenta --tras las alegaciones presentadas por estas empresas-- que el desalojo "puede conllevar una serie de daños y perjuicios derivados de la imposibilidad de desarrollar adecuadamente su actividad industrial". Asímismo, añade que tales daños "podrían llegar a ser de gran entidad económica".

Así, el número de empleados que ocupan las tres empresas se eleva a unos 130, de los cuales más de 80 se concentran en Aragonesa de Componentes Pasivos, firma que comercializa sus productos en más de 40 países. A ello se suma el agravante de que Componentes y Manipulados de Tarazona se encuentra gestionada por Disminuidos Físicos de Aragón.

Por el momento, habrá que esperar a la decisión que adopte la Audiencia Provincial de Zaragoza, ya que el Sepes presentó un recurso a la sentencia que daba la razón a la vecina en el litigio por la propiedad de los terrenos. En el caso de que éste no prosperase se procedería al desalojo de las tres empresas.

"TRANQUILIDAD" Las empresas afectadas por el conflicto han recibido la decisión judicial con satisfacción y de forma positiva, ya que "nos permite tener mayor tranquilidad, puesto que el desalojo era inminente", afirmó el gerente de Aragonesa de Componentes Pasivos, Ernesto Jiménez.

En esta misma línea el secretario general de Disminuidos Físicos de Aragón, Juan Carlos Castro, señaló que "ahora estamos más tranquilos y esperamos que en este tiempo el Sepes llegue a un acuerdo con la vecina".

Sin embargo, la abogada de Amparo Lacarta, consideró que "las cosas siguen igual, porque no se ha conseguido que el Sepes moviera ficha" y alcanzara un acuerdo con su clienta.

LA SEGUNDA FASE, PARALIZADA El auto del juzgado de primera instancia de Tarazona pospone la ejecución provisional de la sentencia, aunque las medidas cautelares siguen vigentes. Entre ellas se encuentra la orden de paralización de la segunda fase del polígono de Tarazona, según adoptó el juez.

Debido a ello, de momento, no se puede proceder a la venta de terrenos a empresas que puedan estar interesadas en instalarse allí. Esta decisión también se encuentra recurrida ante la Audiencia Provincial de Zaragoza y el fallo podría darse a conocer en los próximos días.