El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha requerido a la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de la Agencia Tributaria, para que realice «con la máxima urgencia» un informe definitivo que determine de forma «exacta» las cuotas supuestamente defraudadas por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. El magistrado Antonio Serrano-Arnal atiende en un auto las peticiones tanto del exministro como de la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de que la ONIF practique una nueva liquidación de los presuntos delitos fiscales por importe de 6,8 millones que atribuía a Rato, tras once informes y tres años de pesquisas.

Fechado el 12 de abril, el documento considera «pertinente y de utilidad» para la causa que investiga el origen del patrimonio dicha prueba, razón por la que urge a la oficina para que aporte su versión final de los hechos dada «la duración de la instrucción», que se remonta al 2015. Al respecto, remite a los límites temporales establecidos por la ley de enjuiciamiento criminal, que contempla la posibilidad de prorrogar hasta 36 meses las diligencias en casos de notable complejidad, sea por la gran cantidad de investigados o por exigir pericias de abundante documentación.